Audiencia Nacional

Aviso a los directivos de Banco Popular: el juez Calama imputará a los testigos si se contradicen

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio ayer un puñetazo en la mesa (literalmente) y lanzó un aviso a navegantes para todos los exdirectivos de Banco Popular que faltan por declarar en la causa: el que se contradiga o dé señales de mentir será imputado. Ayer tomó esta decisión con la exdirectora de auditoría interna, Yolanda García, después de que diera versiones contradictorias sobre la financiación de acciones en la ampliación de capital de 2016, bajo la presidencia de Ángel Ron.

Según fuentes jurídicas, Calama se enfadó el jueves cuando García empezó a contradecirse en este asunto. Suspendió la declaración y anunció a la exdirectiva que la volvería a citar como investigada, lo que le permite acudir asistida por un abogado, al considerar que estaba faltando a la verdad.

El juez tiene un profundo conocimiento de las circunstancias que llevaron a la resolución de Popular y a su venta por un euro a Santander, y ya ha interrogado a Ron, Emilio Saracho, Ana Botín y Rodrigo Echenique. Es más, considera que la CNMV no tenía competencia para enviarle el informe sobre las cuentas del Popular. Y ayer dejó claro que no va a tolerar que intenten ‘torearle’ para tratar de proteger a alguno de los imputados.

El juez pilla a la exdirectiva en un renuncio

Las fuentes citadas explican que el interrogatorio a García fue muy breve y solo hubo preguntas del juez, ya que lo interrumpió antes de que llegara el turno de los abogados de las partes. García dijo primero que no había analizado la financiación concedida a clientes para comprar acciones en la ampliación de 2016; una práctica legal pero  que obliga a restarse esas acciones del capital (el riesgo sigue en el banco al haberlas financiado), cosa que no hizo Ron segñun la ‘reexpresión’ de las cuentas de 2016 que acometió Saracho en abril de 2017.

Según García, se limitó a hacer un control ex post de verificación de que la comercialización había cumplido las normas, pero no del crédito concedido a los clientes. «Auditoría Interna comprobó el trabajo que se había realizado a la hora de comercializar las acciones de la ampliación de capital. Verificó que se había cumplido con la normativa MiFID a la hora de vender las acciones. En ese trabajo no se analizó la financiación de acciones», declaró.

Pero después dijo que sí la habían investigado al referir un incidente ocurrido a finales de 2016, justo después del tormentoso nombramiento de  Saracho como presidente en sustitución de Ron. Su jefe, Jesús Arellano (director general de auditoría), la llamó para comunicarle su salida del Popular y para pedirle que volviera de vacaciones el 31 de diciembre para tomar las riendas de una investigación sobre la financiación de acciones en la ampliación que había comunicado al consejero delegado, entonces todavía Pedro Larena. Y le indicó dónde le dejaba los documentos analizados.

Ella se negó porque tenía vacaciones hasta el 9 de enero. El juez le preguntó ayer por qué no volvió cuando le pidieron. Su respuesta fue no consideró que eso era urgente porque ya habían estudiado la comercialización de las acciones. Ahí fue cuando Calama se enfadó y le dijo que en qué quedamos, porque acababa de decir que no estudiaron la financiación de acciones en esos trabajos de verificación de la comercialización, por lo que debería haberle otorgado prioridad a lo que teóricamente no había hecho, es decir, estudiar la financiación de esas compras.

Cogida en ese renuncio, la exdirectiva respondió que «lo que lo que el señor Arellano le dejó eran unos cálculos informáticos de que entre el 30 de mayo y 10 de junio se habían concedido préstamos a clientes que habían comprado acciones». Y ahí Calama fue cuando no aguantó más pensando que García estaba faltando a la verdad, por lo que suspendió la declaración y procedió a imputarla.

La financiación de acciones puede ser delito de falsedad contable

La financiación de acciones a clientes fue una práctica masiva de la red del Popular en la ampliación de mayo de 2016 porque había que colocar las acciones como fuera para evitar la resolución del banco. De ahí que en muchos casos se condicionara la refinanciación de créditos (o el mantenimiento de líneas de financiación) de muchas pymes a que adquirieran títulos en esa operación, ampliando esos créditos para acometer esas compras. Es decir, si se negaban a comprar acciones, se quedaban sin crédito. Muchos de estos clientes perdieron todo el dinero en la resolución de junio de 2017.

Además de esas prácticas, Saracho detectó que esas acciones no se habían deducido del capital, en contra de lo que establece la norma, y fue uno de los motivos de la ‘reexpresión’ (logró que Banco de España y CNMV le permitieran no reformularlas) de las cuentas de cierre de 2016. Si el juez confirma esta práctica, sí que estaríamos ante un posible delito de falsedad contable, ya que el balance del Popular reflejaba una solvencia superior a la real gracias a este truco. De ahí que para él sea tan importante dilucidar lo que ocurrió y que no vaya a tolerar a los testigos que le mientan ni que se contradigan.

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