Avalancha de consultas a los bufetes sobre concursos de acreedores por las restricciones de Illa

La crisis del coronavirus ha asestado un golpe sin precedentes al tejido empresarial español, que continúa lastrando a la economía ante la proliferación de los rebrotes y el aumento de casos positivos por covid-19. Ante este escenario, los bufetes de abogados avisan de una segunda avalancha de consultas de los empresarios para presentar un concurso de acreedores antes del 31 de diciembre por las restricciones del Ministerio de Sanidad -cartera de Salvador Illa- .

Así lo han explicado varios bufetes de abogados especializados en Derecho Laboral en conversaciones con este periódico, que aseguran que «la recomposición de la empresa ha pasado a ser uno de los servicios más demandados desde el inicio del estado de alarma, ya que el tejido empresarial está optando por gestionar su reestructuración con el objetivo de que sobrevivan las unidades productivas utilizando el concurso de acreedores».

Se denomina concurso de acreedores al procedimiento judicial regulado por el Derecho concursal que tiene lugar cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la cual no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda por causa de fuerza mayor -la pandemia-. En concreto, desde Legaltrade explican a OKDIARIO que este mecanismo abarca tanto las situaciones de quiebra como las de suspensión de pagos que se han multiplicado por el impacto de la crisis del coronavirus.

Además, explican que «las empresas que no han podido recomponerse desde marzo del impacto de la crisis del coronavirus, van a tener muy complicado hacerlo siete meses después y van a caer». Una situación que provocará, según los laboralistas, «un apagón empresarial en invierno, concretamente en los meses de enero y febrero, por la regla del Gobierno de Pedro Sánchez que prohibe despedir durante seis meses por causas objetivas y que se podría agravar por las restricciones de Sanidad a la economía».

Las prohibiciones de Sánchez

En concreto, el Gobierno ha decidido extender la prohibición de los despidos y las suspensiones de personal por otros 60 días, por lo que la medida estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre. El decreto correspondiente será publicado mañana en el Boletín Oficial Estado (BOE). Se trata de la tercera prórroga que se aplica sobre esta medida, sancionada por primera vez el 1 de abril, también por 60 días. Luego se dictaron dos extensiones, siempre por el mismo plazo, a fines de mayo y de julio.

No obstante, explica Legaltrade que «el Gobierno debe permitir disminuir el número de puestos de trabajo en función de la caída de la facturación o la reducción de los aforos para que la empresa consiga sobrevivir y cuando la economía española se recupere volver a contratar sin desaparecer».

«El tejido empresarial se ha visto obligado a tomar una decisión dentro de un despacho de abogados para garantizar la viabilidad del negocio, tras el golpe que ha asestado la crisis del coronavirus a la economía y a la viabilidad de los negocios», explica el bufete.

Fin de la cortesía empresarial 

«Los plazos prudenciales para pagar a los proveedores terminan en el mes de septiembre y muchas empresas no han podido hacer frente a estas facturas por la caída de la facturación», explican. También alertan de un aumento del porcentaje de las empresas que se declaren insolventes.

El país con más insolvencias

España será el país que registre un mayor incremento en el número de insolvencias de empresas durante 2021, con un alza del 44%, según las últimas estimaciones realizadas por Crédito y Caución. En concreto, durante 2020 el número de insolvencias en España se elevará un 30%, colocándose como el séptimo país del mundo con un mayor incremento.

«Durante el primer semestre, las medidas adoptadas por los gobiernos han reducido el incremento esperado de las declaraciones de quiebra modificando los umbrales de presentación, reduciendo la capacidad del deudor para forzar la quiebra o proporcionando suficiente apoyo financiero para retrasar su presentación», explicaba el documento de Crédito y Caución. Sin embargo, a medida que los programas de apoyo empiezan a expirar, la misma firma estima que el número de solicitudes de insolvencia empresarial aumentarán «rápidamente».