Así se juega Sánchez dos millones de votos: su tope al precio del alquiler empobrece a los caseros

Sánchez se juega con la decisión de prolongar el tope al precio del alquiler, anunciada ayer martes, el voto de dos millones de españoles, aproximadamente el número de particulares que alquilan una vivienda de su propiedad en el país.

El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no solo se arriesga a perder el apoyo del colectivo de españoles de los arrendadores en las próximas elecciones generales, previstas para finales del próximo año, sino también el de los arrendatarios, que con las medidas comunicadas verán aun más restringidas las posibilidades de acceder a una casa en alquiler.

Tanto asociaciones que representan a grandes fondos como otras que ponen voz a los consumidores, expertos del sector, y portales inmobiliarios advierten del error que se comete al intervenir en los precios del alquiler.

El Presidente del Gobierno anunció ayer martes tras la reunión del Consejo de Ministros la decisión de prolongar otros seis meses el tope del 2% al precio del alquiler, impidiendo subidas ligadas al incremento de la inflación.

La decisión empobrece a los dos millones de caseros que hay en España, al no distinguir entre arrendatarios con mayores o menores recursos. «En España también ha caseros vulnerables, pensionistas que complementan su pensión con lo que ingresan por un alquiler, todos ellos están perdiendo dinero», lamentaban ayer en una de las asociaciones consultadas por este diario.

Menor rentabilidad

De acuerdo al último Observatorio Inmobiliario de BBVA, publicado el pasado mes de noviembre, la restricción de la subida de los alquileres durante el próximo año supone reducir a la mitad la rentabilidad de la vivienda, que en los últimos ejercicios se ha situado en torno al 4%, al 2%.

El segundo mayor banco español advierte que la medida «puede generar una disminución de la oferta de alquiler, lo que en un contexto de incremento de tipos de interés puede dar lugar a una mayor dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo del colectivo de jóvenes, el que más recurre al alquiler».

«El Gobierno se equivoca otra vez regulando el alquiler», considera el portal inmobiliario Idealista. «Las medidas anunciadas, lejos de arreglar la situación, las empeoran gravemente, no solo desincentivan la aparición de nuevas viviendas en el mercado, sino que empuja a muchos más propietarios a sacarlas del mismo y a ponerlas a la venta», advierte.

«Si el Gobierno cree que la nueva medida no tendrá un profundo impacto negativo en el mercado en 2023 demuestra de nuevo desconocer las dinámicas del alquiler», dice Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. El calentamiento del mercado del alquiler se debe a la falta de oferta, señala, «que sigue menguando, y genera no solo tensiones sobre los precios sino una enorme ansiedad en las familias que están buscando arrendar una vivienda y tienen que enfrentarse a verdaderos castings». El Gobierno, concluye, «está desmontando el mercado de alquiler que empezó a florecer hace una década».

No son los fondos buitres

«No estamos de acuerdo con la congelación de los alquileres al 2% que se ha realizado», indicó ayer en un comunicado la Asociación Española de Consumidores, Aescon. «Hay que tener en cuenta que buena parte de los propietarios son ciudadanos que se ven igualmente perjudicados por las subidas constantes en nuestra economía viviendo muchos de ellos del cobro de una renta de alquiler», explicó.

«No se trata esta de una cuestión tal y como se quiere señalar de fondos buitres, es más, tratándose de fondos de inversión también estamos hablando en muchos casos de ciudadanos que tienen sus ahorros a modo de inversión y ahora ven paralizadas esas cantidades que cobrarían a través de los beneficios de los fondos», subrayó Aescon. En opinión de la asociación, las ayudas tendrían que venir aplicando «bonificaciones fiscales en lugar de limitar los precios».

La inmensa mayoría de las más de tres millones de viviendas que conforman el parque de viviendas en alquiler en España está en manos de propietarios particulares, más del 95%, según un estudio de la consultora Atlas Real Estate, estando en propiedad de grandes operadores el 4,2%. Dichos porcentajes contrastan con la media de la mayoría del resto de países europeos, donde los fondos y grandes propietarios gestionan más del 30% de las viviendas en alquiler.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 el 76,9% de los hogares ocupaba vivienda en propiedad en España, tanto con pagos pendientes como sin ellos. El porcentaje de hogares que vivía en alquiler se situó ese año en el 17,3% (el 18,3% en 2019). El 56% de los hogares con algún miembro extranjero vivían en régimen de alquiler, frente al 11,7% de los hogares con todos sus miembros de nacionalidad española.

«Los colectivos vulnerables, aquellos a los que se dice proteger con estas medidas, serán los más perjudicados, la disminución de la oferta dificultará aún más el acceso de estas familias a una vivienda», destacó ayer en un comunicado la asociación Asval, que representa a particulares y también grandes fondos con viviendas en alquiler.

La asociación alenta «a todos los propietarios» a presentar una reclamación patrimonial contra el Estado por los efectos de las medidas anunciadas, y afirma que suponen «un nuevo ataque al Derecho a la Propiedad Privada de más de dos millones de propietarios en España, un derecho consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española».