Asedas exige agilizar los protocolos ante apagones: «Las trabas burocráticas costaron millones»

El apagón del pasado 28 de abril de 2025 ha causado unas pérdidas de más de 53 millones de euros a los supermercados, ya que se pusieron en mal estado muchos alimentos. Como consecuencia, la patronal de los supermercados, Asedas, reclama al Gobierno «menos trabas burocráticas» en el caso de que se produzcan crisis similares.

Como explican desde Asedas: «Podemos extraer dos grandes aprendizajes de este apagón. Por un lado, la necesidad de reconocer el sector agroalimentario como estratégico y, por otro, la urgencia de establecer protocolos claros de actuación que permitan, entre otras cosas, la movilidad de mercancías y trabajadores sin trabas burocráticas».

Asimismo, también se ha resaltado la importancia del sector de la alimentación para la ciudadanía. «El apagón de abril de 2025 ha sido la última de una serie de crisis vividas en los últimos años, que nos han enseñado la importancia de garantizar el acceso a la alimentación y otros bienes de gran consumo en circunstancias excepcionales», ha explicado a OKDIARIO Felipe Medina, secretario general técnico de la Asociación Española de Distribuidores (Asedas).

De igual forma, se reclama que en España exista el mismo nivel de preparación que hay en Europa ante situaciones que tienen que ver con la seguridad alimentaria. «El Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante Crisis de Seguridad Alimentaria es un foro que nos debe ayudar a reflexionar y a avanzar a escala europea ante crisis energéticas, climáticas o sanitarias que puedan poner en peligro el suministro de alimentación», ha asegurado Medina.

Asedas alerta de pérdidas de más de 53 millones

La falta de suministro eléctrico amenazó seriamente la cadena de frío y provocó pérdidas por retirada de producto de más de 53 millones de euros en los supermercados, a pesar de que muchas empresas utilizaron generadores de reserva para mantener su funcionamiento el máximo tiempo posible, otras se vieron obligadas a cerrar las tiendas, y todas experimentaron daños económicos y operativos.

De esta forma y tras la experiencia, la enseñanza es la necesidad de contar con un protocolo de «acción claro» para situaciones excepcionales, que garantice una «buena y rápida coordinación entre las administraciones públicas y la cadena agroalimentaria», ha indicado Medina.

Así, los objetivos de este protocolo serían garantizar la seguridad de los ciudadanos asegurando el acceso a necesidades básicas, como la alimentación; afianzar la continuidad del suministro de alimentos y productos de higiene, lo que incluye la distribución desde el punto de origen a las tiendas, así como centros logísticos y carreteras; proteger la integridad del transporte y de los trabajadores y su acceso a las zonas afectadas, y, por último, transmitir tranquilidad a la población para evitar comportamientos de acaparamiento que dificulten el suministro normal de los productos, así como alertas innecesarias, inseguridad, reacciones desproporcionadas o actos delictivos.