Reclaman 700 millones de euros

ACS y FCC vuelven a la carga y presentan un tercer arbitraje contra Perú por el metro de Lima

metro Lima
Carlos Slim (FCC) y Florentino Pérez (ACS).

Las constructoras FCC y ACS, que han construido la línea 2 del metro de Lima, en Perú, junto a otros socios italianos y peruanos, han registrado este 6 de diciembre una nueva solicitud de arbitraje ante el Tribunal Internacional de Arbitraje (Ciadi) contra el Gobierno de Perú, dentro de un proceso en el que reclaman al país iberoamericano 700 millones de dólares -615 millones de euros- por sobre costes de esta mega obra.

Este nuevo arbitraje supone un paso adelante de la sociedad concesionaria de la obra, Metro de Lima Línea 2 SA, donde ACS tiene un 25% del capital a través de su filial Iridium y Fy la peruana , para conseguir una sentencia favorable en su reclamación. La obra fue adjudicada al consorcio en 2014 por 3.900 millones de euros, una de los mayores contratos conseguidos por constructoras nacionales en ese momento.

El conflicto se remonta al 16 de enero de 2017, cuando la sociedad concesionaria presentó un primer arbitraje en el Ciadi contra la República del Perú por incumplimiento grave del contrato de concesión en dos aspectos claves: la falta de entrega del Área de la Concesión en los plazos y condiciones establecidos en el contrato de concesión, y la falta de aprobación y aprobación tardía de los Estudios de Ingeniería de Detalle. Reclamaba más de 700 millones de dólares.

A esta demanda de arbitraje el Gobierno peruano respondió negando esos incumplimientos y presentando una contra demanda contra el consorcio adjudicatario reclamando más de 700 millones de dólares por daños socio-económicos y medioambientales por el retraso en la puesta en marcha de la infraestructura. Después de verse las pruebas y los testigos, quedó visto para sentencia en septiembre de 2019.

Sentencia favorable

En julio de este año, el Ciadi sentenció a favor de las empresas españolas,  desestimó la reclamación del Gobierno peruano, y le señaló como el culpable de los incumplimientos y retrasos de las obras. Le obligaba, por tanto, a afrontar las sanciones por daños y perjuicios. Al consorcio le solicitaba la presentación de nuevo de las reclamaciones.

La primera reclamación se registró en agosto y, ahora, el 6 de diciembre, se ha presentado la segunda por parte del consorcio integrado por ACS y FCC, además de las italianas Impregilo y Ansaldo y la peruana Cosapi. El tribunal ha quedado constituido y los socios españoles e italianos han confiado al despacho Cuatrecasas de Madrid y a Echecopar (Lima) la defensa de sus intereses en este proceso.

Todo apunta a que el proceso será favorable para las constructoras españolas, que de confirmarse el 100% de la reclamación le daría más de 150 millones de euros a ACS y más de 100 millones para FCC. La obra, que dará servicio a más de 600.000 personas y es la primera subterránea, está todavía pendiente de finalizar.

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