Los acreedores de Celsa quieren nombrar un consejo «independiente» para sustituir a los Rubiralta

Los fondos acreedores que quieren controlar la siderúrgica catalana Celsa aseguran que «tenemos la intención de nombrar un consejo de administración independiente con gente de renombrado prestigio que se preocupe por Celsa, y no de sus accionistas [en referencia a la familia Rubiralta], y que contratará al mejor equipo posible». Asimismo pretenden»mantener» los empleos y sus condiciones laborales, «salvo en contadas excepciones».

Así lo ha dicho este lunes Alvaro Fabián, en nombre del fondo de inversión SVP, en el arranque del juicio que dirime esta semana, con sesiones de mañana y tarde de lunes a viernes, si la familia Rubiralta mantiene el control sobre el grupo siderúrgico o si pasa a manos de los fondos acreedores, que han presentado un plan de reestructuración con este fin en base a la nueva ley concursal.

La sesión ha dado comienzo en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona con los testimonios de los representantes de fondos SVP Global, Deutsche Bank, Sculptor y Anchorage, que, en su conjunto, ostentan el 90 % de la deuda jumbo y el 89 % de la deuda convertible (un total de 2.200 millones).

Fabián ha añadido que su fondo de inversión está «comprometido» con mantener los puestos de trabajo y las condiciones actuales de los empleados -unos 10.000 directos en España-, si bien cuestionado por el letrado ha rebajado el «compromiso» a «intención». Quienes no tendrían asegurado su puesto de trabajo son «contadas excepciones a nivel directivo» que «deben fidelidad a su equipo actual», ha añadido.

Oferta de un 10%

Como informó OKDIARIO, los fondos están dispuestos a conceder a la familia Rubiralta hasta el 10% del accionariado, pese a que en teoría deberían perderlo todo al convertirse la deuda en capital, así como a mantenerles al frente de la gestión dada la inexperiencia de los fondos en esa tarea.

«Estamos en conversaciones con potenciales candidatos (para el consejo) y se les está haciendo ver que no hay necesidad de tocar el empleo», ha indicado Fabián.

También ha asegurado que SVP no tiene intención de vender su participación en el grupo, si bien ha admitido que estarían habilitados para hacerlo según el plan de reestructuración presentado por los fondos.

El abogado de los Rubiralta, Jaime Cano, también ha preguntado a Fabián por qué SPV compró en abril más deuda de Celsa a Goldman Sachs si representa que «están desesperados por cobrar lo antes posible» y por ese motivo han presentado el plan de reestructuración.

«En estas circunstancias se ha pensado que es una buena inversión financiera», ha aducido el testigo.

Por parte de Deutsche Bank ha comparecido Gavin Colquhoun, corresponsable del grupo de inversiones en Europa, quien ha afirmado que los fondos «nunca» han renunciado a negociar.

«Creo que, después de más de tres años de no tener negociaciones fructíferas, se constató que el proceso judicial era la única manera de avanzar», ha resuelto.

Colquhoun ha admitido que Deutsche Bank no tiene experiencia en gestionar empresas industriales y ha afirmado que los fondos no han hablado todavía sobre cómo se distribuiría el accionariado si se hacen con el control de la compañía.

Dylan Szymanski, de Sculptor, ha afirmado que su fondo «nunca ha dejado de confiar en Celsa», sino que sí ha perdido la confianza en sus accionistas, la familia Rubiralta.

A preguntas de Cano, que ha intentado evidenciar inexperiencia de los fondos a la hora de gestionar conglomerados industriales, Szymanski ha dicho que Sculptor tiene «participaciones minoritarias en muchas compañía industriales».

Cómo se gestione Celsa en un futuro, ha agregado, «será una pregunta para el consejo de administración que se implemente» si estos acreedores se hacen con el control del grupo.

El último representante de los acreedores ha sido Lauren David, de Anchorage Capital, quien ha dicho que su fondo está «especializado en reestructuraciones» y que su voluntad es «reconstruir el consejo de administración».

El valor de Celsa

Estos fondos presentaron en septiembre de 2022 un plan de reestructuración para Celsa -una de las mayores productoras de acero de Europa-, que el grupo recurrió, y ese es el motivo por el que esta semana se celebra este juicio.

Previamente, la SEPI concedió a Celsa un rescate de 550 millones, si bien este no ha sido concedido por estar condicionado a que exista un acuerdo entre las partes.

Los fondos acreedores plantean hacerse con el 100% del accionariado, aunque en febrero Celsa movió ficha y se abrió a que entraran en su accionariado con hasta un 49 % del capital, de modo que la familia Rubiralta seguiría manteniendo en cualquier caso el control del grupo, una opción que no satisface a los acreedores, que consideran que el capital de la compañía vale cero al no poder hacer frente a sus deudas.

Una de las claves es discernir el valor real de Celsa, para saber a cuánto equivale la deuda contraída: Lexaudit, que ha mediado entre los fondos y la siderúrgica, la ha valorado en menos de 2.800 millones, pero otros informes encargados por el grupo lo sitúan en los 6.000 millones.