CONCURSO DE ACREEDORES

Abengoa: Terramar negocia con el Gobierno para salvar el escudo antiopas ante su posible adjudicación

Zorita adelanta trámites para agilizar la recuperación de la ingeniería en caso de que el juez le adjudique la propiedad

Los escándalos y problemas judiciales que se le acumulan a Urbas y a sus gestores podrían haber aconsejado su descarte

Las ofertas españolas de Cox y Miguel Zorita parten como favoritas para adjudicarse Abengoa

Abengoa
Sede de Abengoa en Madrid.

La adjudicación de Abengoa a su nuevo propietario se hace esperar algo más de lo previsto. Los grupos que optan a convertirse en el nuevo propietario y gestor de la multinacional andaluza dan por hecho, desde después de Semana Santa, que la adjudicación será inminente. Mientras, el titular del Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Sevilla, Jesús Ginés Gabaldón y el administrador concursal, Guillermo Ramos -socio de la consultora EY- mantienen un escrupuloso análisis de la información aportada por las empresas.

Mientras el juzgado sevillano delibera, los responsables de la oferta conjunta de Miguel Zorita (Nox) y Terramar, han iniciado la negociación con el Gobierno para salvar el llamado ‘escudo antiopas’ y conseguir la autorización necesaria para la inversión extranjera en Abengoa.

Miguel Zorita ha puesto en marcha la tramitación de los trámites administrativos necesarios ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La idea es poder agilizar la llegada a España de los fondos que tiene comprometidos en caso de que el fallo judicial le favorezca.

Inversión exterior

El trámite es preceptivo según la normativa europea y española en vigor dado que los fondos con que cuenta la oferta presentada por el empresario ante el juzgado son, en su gran mayoría, procedentes de sociedades financieras y tienen su origen en Estados Unidos, un país ‘tercero’ para la Unión Europea (UE).

Es decir, dos de las condiciones que, según la normativa vigente, exigen la comunicación previa y el visto bueno del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (antes dependía de la extinta Dirección de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía).

De hecho, la normativa vigente, aunque establece el principio de liberalización de inversiones extranjeras directas en España, puntualiza que se considera inversión extranjera aquella que suponga el control de, como mínimo, el 10% de una empresa española.

La legislación aplicable es amplia y numerosa e incluye también medidas de prevención de blanqueo de dinero. Entre ellas, la Ley sobre Régimen jurídico de los movimientos de capitales señala sectores clave en los que esa libertad de inversión puede ser suspendida. La norma apunta específicamente a las «infraestructuras críticas, incluidas las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones». Identifica también actividades críticas como los «insumos fundamentales». En particular, los de «energía, servicios estratégicos de conectividad» y otros en los que, precisamente, Abengoa es un auténtico líder internacional.

Con ello, Miguel Zorita quiere tener todo preparado (incluido el expediente de control de blanqueo) con el fin de, si es el caso, asumir la gestión y acelerar el reflotamiento de Abengoa en todo lo posible.

El conocido financiero -ex Banco Exterior, ex Deloitte España y ex Grupo San José- y experto en reflotamiento de empresas hoy preside Zima Capital y Zima Equity Investments. Sin embargo, no ha presentado su oferta a través de estas compañías, sino de Nox, una de sus sociedades patrimoniales. El proyecto se basa en aportar su experiencia en la gestión y recuperación de empresas en apuros, con el apoyo financiero -en este caso- de la estadounidense Terramar.

La oferta de Zorita y Terramar no parece ser la de mayor cuantía -cinco millones de euros- aunque sí asegura la viabilidad de la empresa sevillana al asumir todos sus créditos y avales, sus 4.700 trabajadores y propone mantener la sede en Sevilla, además de conservar el nombre de la empresa al menos tres años.

Pese a que, en su última petición de información, el interventor judicial le reclamó aclaraciones sobre el papel de Terramar y la cuantía del apoyo financiero que prestaría, fuentes próximas a esta candidatura subrayan la «excelente interlocución de Miguel Zorita con la banca», como uno de sus valores añadidos esenciales para la empresa.

El presidente de Nox podría también haber conseguido el apoyo tácito de los grandes acreedores de Abengoa; es decir los bancos con créditos preferentes, a los que se atribuye en la práctica el derecho de veto de aquellas candidaturas que no aseguren el pago de la deuda principal de la ingeniería sevillana.

De este modo, mientras el administrador concursal y el juez continúan con su análisis de la documentación recibida, tres de las cinco ofertas finalistas parecen haber perdido toda posibilidad de adjudicarse la multinacional sevillana.

Fuentes próximas al proceso señalan que el juez Gabaldón decidirá entre las ofertas del grupo Cox Energy y del conocido empresario y financiero Miguel Zorita, que opta a controlar Abengoa a través de su sociedad patrimonial, Nox, asociado a Terramar, una sociedad especializada en la captación de inversores.

Descarte de candidatos

Al parecer, los escándalos y problemas judiciales que se le acumulan a la tercera finalista, Urbas, y a sus gestores, han acabado por decidir su descarte de cara a la adjudicación y el reflotamiento de una compañía de la entidad internacional y el volumen de Abengoa.

Antes de que la compañía presidida por Juan Antonio Acedo haya sido descartada, otros dos grupos se cayeron de la lista. Por un lado, la portuguesa RCP, que compite asociada al fondo británico Sinclair Capital, llegó a presentar tres ofertas por el grupo andaluz; aunque dejó sin acreditar su solvencia económica, la financiación real de la compra y cómo pensaba articular legalmente la adquisición.

La mexicana Ultramar, que aseguraba contar con el apoyo de Siemens Energy, Kiewit y dos socios financieros, BBVA y Castlepines Equity, presentó una oferta que no garantizaba continuar la actividad de las unidades productivas al menos durante tres años, tal como se exigía.

 

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