La Generalitat tiene a decenas de niños en centros sociales hacinados y «durmiendo en el suelo»

Acusan al Director General de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia), Ricard Calvo de estar relacionado con las adjudicaciones a empresas privadas como Plataforma Educativa, Fundación Acción Social Infancia (FASI) o la Fundación Resilis, que en los últimos años se han visto respaldadas por el gobierno catalán con 98 millones de euros.

Sin embargo, esto no es lo más grave, sino las condiciones a las que están sometidos los 2.500 niños que la Generalitat tiene en centros sociales. Fuentes de la Dirección general de atención a la infancia explican que “hay niños con problemas psiquiátricos muy graves, chavales de 17 y 18 años que conviven con otros de 6 o 7; y niños que están prácticamente desahuciados”.

Las mismas fuentes explican que “los centros públicos están desbordados y no tienen plaza. Entonces, entran los niños como sea en los centros, y pasa lo que pasa: que terminan durmiendo en el suelo”, tal y como podemos ver en las imágenes.

“La Administración, que dice que retira niños por maltrato familiar, termina haciendo al niño un maltrato institucional. Estamos en ello, y qué casualidad, que las fundaciones en las que el director general estuvo en el pasado como administrador reciben una subvención de 98 millones de euros para los próximos ocho años, para que gestione centros. Además, su mujer y otros parientes también están metidos en estas fundaciones”, explican las mismas fuentes.

A quien compete esta situación es a la Generalitat, que pasa del tema. “A la Generalitat le reclamamos, además de una mayor inversión, un cambio de política. Ellos dirán que van a hacer inversiones a nivel privado, pero es que no hay ningún control. Se necesitan inversiones a nivel público, hacer una nueva política de personal y de centros, destinar los niños a centros correctos, porque no pueden convivir niños de 17 y 18 años con otros niños de 6 o 7 años, porque ha habido incluso abusos sexuales”, señalan fuentes de la dirección general de atención a la infancia.

Agresiones

A todo esto hay que añadir el creciente número de agresiones por parte de los niños a los funcionarios de los centros. “Desde hace ya unos dos años hemos detectado un aumento brutal de las agresiones de menores hacia educadores. Desde nuestra prevención lo denunciamos, y se hizo evidente, y entonces se planteó a la Administración unos cambios radicales sobre el funcionamiento de los centros, sobre todo para adaptarlos a la sociedad del s.XXI”, señalan las fuentes consultadas por OKDIARIO.

“A Puigdemont le diría que nos sentáramos en una mesa y negociáramos para encontrar una salida a un problema que empieza a ser ya muy grave”.

“El otro día atacaron a unos educadores con un hacha, y pasan navajas… no sé, es inexplicable el día a día. Encima, los educadores tienen que estar en centros preparados para 10 niños a 18, por ejemplo. Es que es imposible”, explica un trabajador del centro, que recuerda que “la media de edad de los educadores es de 55 años, y de los 300 educadores que somos, el año pasado se registraron más de 150 agresiones”.

“Hasta el defensor del Pueblo ha instado a la Generalitat a ejecutar cambios, pero hacen caso omiso. También los políticos han solicitado reformas en el Parlamento de Cataluña, y nada, ni caso”, insiste.

CSIF pide la dimisión de Calvo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, viene denunciando toda clase de irregularidades en los centros de infancia desde hace tiempo.

Ya denunció que se estaba produciendo una «privatización encubierta», ya que la Administración no sólo no crea centros públicos sino que los cierra y en cambio establece acuerdos con entidades y organizaciones privadas sin ningún tipo de control.

Alguno de estos acuerdos, según un comunicado de CSIF, supera los 1,7 millones de euros. “Es un tema que se va tapando, desde hace mucho tiempo, evitando que salga a la luz. El problema de base es estructural. Falta de subvenciones, falta de control, políticas obsoletas… Los centros no están adecuados y funcionan como hace 30 años. Los recursos de los que disponen estos centros son casi nulos. Tienen recursos por debajo de los mínimos para que los niños puedan realizar actividades fuera del centro, actividades como las deportivas, que suponen una mejora física, mental y de relación para estos niños”.