La Superliga pagará 400 millones anuales a los clubes no participantes, más del doble que UEFA

Una de las mayores críticas que la UEFA ha vertido sobre la Superliga es que se trataría de una sociedad elitista que dejaría en la cuneta a todos los clubes que no participarán en la competición. Este es uno de los argumentos contra los que está peleando con más fuerza en A22, la empresa impulsora de la Superliga, y con la presentación de su nuevo decálogo de principios fundamentales ha puesto sobre la mesa una cifra que desmonta por completo cualquier ataque en ese flanco: 400 millones de euros.

Esa es la cantidad anual que la Superliga planea destinar a todos esos clubes europeos que estén fuera de la competición.  «La solidaridad hacia el fútbol base es un pilar esencial del fútbol europeo y debería incrementarse significativamente con respecto a sus niveles actuales.  La contribución de un mínimo de 400 millones de euros anuales destinados a solidaridad, clubes que no participen en la competición y causas sociales -esto es, más del doble de la contribución de las actuales Competiciones Europeas de Clubes- debería ayudar a alcanzar este objetivo», esgrime la Superliga en el noveno punto de su decálogo, titulado ‘Aumentar significativamente la solidaridad’.

«Debería garantizarse igualmente la transparencia en la gestión mediante la supervisión de autoridades independientes que informen de forma pública y periódica sobre el destino de los fondos y su impacto», añade la Superliga, muy crítica con el modelo actual de UEFA, que maneja a su antojo el dinero generado por el fútbol europeo en su doble papel de regulador y comercializador del producto. El proyecto de Bernd Reichart, CEO de A22, es que una empresa externa audite esos fondos de solidaridad en caso de que la Superliga llegue a buen puerto.

Esa cifra de 400 millones de euros anuales es más del doble de lo que la UEFA destina actualmente a estos mismos fines, es decir, a compensar a los clubes que no participan en las competiciones europeas. Durante su Comité Ejecutivo celebrado en septiembre de 2021, el organismo presidido por Aleksander Ceferin aprobó una inversión anual cuyo máximo quedaba fijado en los 175 millones de euros.