La Guardia Civil registró la Federación Catalana para llevarse documentación del ‘caso Negreira’

Otro capítulo más del caso Negreira. El pasado jueves 21 de septiembre tres miembros de la Guardia Civil acudieron a la sede de la Federación Catalana de Fútbol en la calle Sicilia de Barcelona para pedir la documentación pertinente a algunos pagos realizados por el organismo federativo a José María Enríquez Negreira. Una vez concluido el registro, la benemérita se llevó 12 facturas que emitió y cobró el antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) allá por 2019.

Lo hizo a través de DASNIL 95, la empresa de su hijo, Javier Enríquez Romero, y el importe era de 5.270 euros. En aquella época el presidente de la Federación Catalana ya era el actual, Joan Soteras, quien hace poco ejercía de vicepresidente con Luis Rubiales. Es más, en la famosa asamblea del pasado 25 de agosto, en la que el de Motril se negó a dimitir, fue uno de sus acompañantes.

Con la ausencia de Mikel Azparren, aquel día Soteras asistió a Las Rozas junto a seis personas más al encuentro con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): Luis Quiñonero, Jordi Bonet, Josep Maria Espasa, Miquel Sellarés, Oriol Camacho y su asesor personal.

Según informa Mundo Deportivo, lo más probable es que el encargado de contratar a Negreira en 2019 fuera el entonces vicepresidente, Josep Llaó. El catalán era el responsable del colectivo arbitral, pero el pasado jueves no fue él quien recibió a la Guardia Civil, sino por el actual responsable del CTA, Xavi Moreno Delgado.

Registro en la RFEF por el caso Negreira

Este registro de la Guardia Civil llegó una semana antes de que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, enviase a las fuerzas del orden a hacer lo propio con la sede de Las Rozas. Tras más de 12 horas de investigación, la Federación emitió un comunicado en el que se desmarcaba del caso Negreira, pero se mostraba a su entera disposición para colaborar con la justicia en todo lo que fuera necesario.

Todo sucedió en el mismo día en el que el juez encargado de llevar el caso emitió un nuevo auto sobre el mismo en el que imputaba al Barcelona por cohecho, así como a dos antiguos presidentes, Josep María Bartomeu y Sandro Rossell, a José María Enríquez Negreira y a su hijo, Javier Enríquez Romero.

Poco después de que comenzara el registro, Aguirre concluyó que el Barcelona «consiguió los efectos arbitrales deseados» con los pagos de más de 7 millones de euros durante 18 años al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

«El pago por el Barcelona a Enríquez Negreira o a su hijo Enríquez Romero puede considerarse realizado en atención al cargo que desempeñaba el primero, pues los pagos se prolongaron aproximadamente durante unos 18 años, fueron incrementándose desde los 70.000 € iniciales hasta los 700.000 € anuales. El Barcelona cesó en el pago tan pronto como Enríquez Negreira cesó como vicepresidente del CTA. Por deducción lógica, los pagos realizados por el Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual. De aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español. No obstante, las investigaciones de la Guardia Civil podrán confirmar estos extremos obtenidos por inferencia lógica», esgrimía el juez en su escrito.