La Liga recurre la decisión del CSD y solicita que se desinscriba cautelarmente a Dani Olmo

La Liga ha vuelto a decir basta anunciando este lunes que ha solicitado medidas cautelares contra la resolución del Consejo Superior de Deportes que volvía a habilitar para jugar en todos los campeonatos a Dani Olmo y Pau Víctor tras conocerse la palanca falsa del Barcelona con los asientos VIP del nuevo Camp Nou. La patronal presidida por Javier Tebas contempla que con esta permisividad hacia el club azulgrana el CSD menoscaba el interés general de la competición y compromete su integridad al quebrantar el principio de igualdad entre clubes.

Además, pide que se adopten medidas cautelares contra la resolución, que sería la suspensión de las inscripciones y licencias federativas de Dani Olmo y Pau Víctor. La Liga considera que la mano que le tiende el CSD y, por tanto, el Gobierno al Barça «vulnera gravemente el marco normativo en materia de control económico y de tramitación de licencias deportivas».

Comunicado íntegro de la Liga

LALIGA ha interpuesto recurso contencioso-administrativo y solicitado medidas cautelares contra la Resolución del Consejo Superior de Deportes de 3 de abril de 2025, por la que se estima el recurso de alzada interpuesto por el FC Barcelona ante el CSD por la que resuelve:

«…estimar el recurso de alzada interpuesto por D. Pere Lluís Mellado Bailo, actuando en nombre y representación del FCB, y por los jugadores de dicho club, D. Daniel Olmo Carvajal y D. Pau Víctor Delgado, anulando el acuerdo del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga, de fecha 4 de enero de 2025, por el que se no concede el visado previo ni la licencia definitiva solicitada por el FC Barcelona para los citados jugadores, entendiendo asimismo que éstos tienen licencia en vigor, de conformidad con los términos expresados en los fundamentos de derecho».

En este sentido, LALIGA entiende que la Resolución vulnera gravemente el marco normativo en materia de control económico y de tramitación de licencias deportivas, menoscaba el interés general de la competición y compromete su integridad, al quebrantar el principio de igualdad entre clubes. Todo ello justifica la necesidad de una respuesta judicial urgente que, mediante la adopción de las medidas cautelares solicitadas, garantice el equilibrio competitivo y la sostenibilidad financiera de la competición profesional.