Cada mena acogido en Melilla cuesta a la ciudad autónoma 5.000 euros al mes: «Que todos lo sepan»

Melilla enfrenta un gasto anual superior a los 9,2 millones de euros para atender a unos 195 menores extranjeros no acompañados (menas) bajo su tutela, según ha denunciado este lunes el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda. En una comparecencia pública, ha detallado que cada menor supone un coste para los melillenses de entre 52.000 y 59.000 euros al año, lo que equivale a cerca de 5.000 euros mensuales por persona. Estos recursos se distribuyen principalmente entre tres centros: el Centro de la Purísima, con unos 160 menores y un gasto aproximado de 6 millones anuales; el Centro Asistencial, con 3,3 millones; y La Divina Infantita, con una partida menor no especificada.

Imbroda ha calificado esta cifra como «insostenible» para las arcas locales, destacando que el desembolso total refleja una presión económica histórica sobre la ciudad. «Que los melillenses sepan lo que nos está costando toda esta historia», ha afirmado, poniendo el foco en el impacto financiero que supone mantener a estos menores. El presidente ha vinculado esta situación a un déficit acumulado de más de 120 millones de euros, resultado de la diferencia entre los fondos recibidos del Gobierno central y el coste real asumido por Melilla.

La denuncia llega días antes de la publicación de un Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, previsto para esta semana, que establecerá el reparto de menas entre las comunidades autónomas. Imbroda ha criticado que la medida, impulsada según él por el «mandato» de Carles Puigdemont a Sánchez, carece de transparencia. Ha expresado escepticismo sobre las cifras difundidas en medios nacionales, que atribuye a cálculos de Junts, y ha cuestionado su fiabilidad: «Todos los datos que han salido han sido cálculos que ha hecho el mismo Puigdemont y compañía». Según esas estimaciones, Melilla recibiría 34 nuevos menores, mientras Cataluña acogería solo 24, una distribución que Imbroda tacha de «injusta y absurda» dada la saturación de la ciudad.

El presidente ha lamentado que Melilla no sea considerada receptora de fondos para paliar su déficit, sino que se le impongan más menores. «Yo pensaba que Melilla sería la comunidad beneficiada con recursos», ha dicho, reclamando que el Gobierno central cubra el coste real de la atención, que considera un deber del Estado. Ha advertido, además, que el Ejecutivo melillense podría recurrir legalmente el decreto si se aplica como está previsto, calificándolo de «horca legal» impuesta sin consenso, según declaraciones a El Faro de Melilla. «Melilla ya ha hecho mucho durante muchos años», ha insistido, pidiendo una solidaridad equitativa.

Imbroda ha subrayado que, aunque los menores deben estar bien atendidos, las decisiones no pueden tomarse desde Madrid ignorando la realidad de Melilla. Con este panorama, la ciudad espera que el Gobierno central asuma su responsabilidad financiera y evite agravar una situación que, según el presidente, pone en jaque las finanzas locales.