Piden la dimisión de la consejera de Melilla Mohamed por dar más paga a los menas tras el violento motín

La consejera de Políticas Sociales de Melilla, Randa Mohamed, es la gran señalada por los sindicatos tras la decisión de aceptar aumentar la paga a los menores no acompañados (menas) del Centro del Fuerte de La Purísima, apenas un día después de que estos protagonizaran un violento motín que dejó varios cuidadores y vigilantes heridos. Sindicatos como CGT, CSIF y CCOO han alzado la voz contra lo que consideran una gestión «nefasta» y «peligrosa», exigiendo la dimisión de Mohamed por premiar la violencia y agravar una crisis que pone en riesgo tanto a los trabajadores como al propio sistema de acogida.

El pasado viernes 28 de marzo, una treintena de menores desató el caos en el centro tras exigir una paga de diez euros para celebrar el fin del Ramadán, una práctica tradicional que, según CGT, fue «unilateralmente rota» por la empresa gestora TRAGSA. La negativa inicial desató una protesta que derivó en agresiones con piedras, destornilladores y amenazas de muerte, dejando a varios miembros de la plantilla heridos, algunos de gravedad. Los jóvenes bloquearon accesos, retuvieron a trabajadores y, tras forzar las puertas, continuaron el ataque desde el exterior hasta que la Guardia Civil intervino. Sin embargo, el sábado 29, la Consejería de Mohamed decidió ceder y otorgar el dinero solicitado, una medida que ha sido calificada como un «gravísimo precedente» por los sindicatos.

CGT no ha escatimado en críticas, afirmando que las actuaciones de Mohamed y su equipo «rayan lo delictivo» al incitar a la violencia como medio para lograr objetivos. «Negar primero y conceder tras el altercado muestra a los menores que la agresividad funciona, mientras la plantilla sufre las consecuencias de una gestión política desastrosa y de una empresa, TRAGSA, que es parte del problema y no la solución», denuncian en un comunicado. El sindicato exige la dimisión de la consejera y la municipalización inmediata del servicio, poniendo fin a la gestión indirecta que, a su juicio, sólo perpetúa el caos.

CSIF y CCOO, por su parte, también han expresado su indignación. CSIF calificó el episodio de «enorme gravedad», destacando que los trabajadores enfrentaron agresiones físicas, verbales y amenazas con armas blancas, y criticó que la entrega posterior del dinero desacredite su labor. «Es un precedente nefasto que ningunea a los profesionales y premia a los agresores», lamentaron. CCOO, meanwhile, subrayó el alto riesgo en el que opera el personal, recordando ataques previos con hospitalizaciones y la falta de recursos como material antidisturbios, demandas ignoradas por las autoridades.

Desde esta redacción, siempre hemos defendido la necesidad de una gestión firme y coherente en los centros de menores, y la actuación de Randa Mohamed dista mucho de ese estándar. Su decisión de ceder ante la violencia no solo traiciona a los trabajadores que arriesgan su integridad, sino que envía un mensaje peligroso a los menores: la agresividad tiene recompensa. A esto se suma un contexto de «sobrecarga crónica», según CGT, agravado por el anuncio de 34 nuevos menores en el centro y la conflictividad laboral por la falta de subidas salariales en 2025 por parte de TRAGSA.