Melilla amenaza a Sánchez con ir a los tribunales por su imposición sobre el reparto de menas

Melilla ha dicho «no» rotundo al nuevo decreto del Gobierno de Sánchez que obliga a repartir entre las comunidades autónomas a los menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas. Desde la Ciudad Autónoma, el Ejecutivo local ha calificado esta medida como «un disparate descomunal» y no descarta llevar el asunto a los tribunales si finalmente se impone tal y como está planteada.

El Gobierno melillense está indignado. Asegura que esta decisión no responde a razones técnicas ni a un sentido de justicia, sino que es una cesión política del presidente Pedro Sánchez a Carles Puigdemont. «Esto no lo ha decidido el Gobierno de España, lo ha decidido Puigdemont, y Sánchez sólo obedece», critican desde Melilla. Según ellos, el presidente está más interesado en «mantenerse en su sillón» que en buscar soluciones justas para todos.

El malestar tiene raíces profundas. Melilla lleva años lidiando con la llegada de menas. En 2018 acogió a 1.975, y en 2019 la cifra subió a más de 2.100, lo que la convierte en una de las zonas que más peso ha cargado en este tema. «Después de todo lo que hemos pasado, del dinero que hemos gastado y de la poca ayuda que hemos recibido del Gobierno de Sánchez, que ahora nos digan que van a enviarnos más menas es surrealista», denuncian desde el Ejecutivo local.

La Ciudad Autónoma recuerda que durante años ha pedido apoyo al Gobierno central sin obtener respuesta. «Nos dejaron solos», aseguran. Por eso, defienden que cualquier reparto debería tener en cuenta el esfuerzo que ya han hecho, algo que, según ellos, justificaría que Melilla quede fuera de este nuevo plan. «No puede ser que se nos ignore cuando pedimos ayuda, pero seamos los primeros en la lista cuando hay que asumir más carga», lamentan.

El Gobierno de Melilla no se queda de brazos cruzados. Aunque aún no conocen todos los detalles legales del decreto, ya están estudiando la posibilidad de recurrirlo en los tribunales. «Lo analizaremos a fondo, pero no descartamos presentar una reclamación», han adelantado fuentes oficiales.

La polémica ha salpicado también al PSOE, que puso en duda las cifras que el presidente melillense, Juan José Imbroda, dio sobre cuántos menas podrían llegar a la ciudad. Desde Melilla lo tienen claro: «No inventamos nada, solo dijimos lo que estaba publicado. Si Puigdemont cambia los números mañana, Sánchez los aceptará sin decir ni mu», responden, señalando la falta de claridad del Gobierno central.

Este enfrentamiento no es un caso aislado. Otros líderes autonómicos, como el presidente de Galicia, también han mostrado su rechazo al decreto, advirtiendo que podría invadir competencias y cuestionando su legalidad. En Melilla insisten en que el reparto debería basarse en datos objetivos: la capacidad real de cada comunidad, el esfuerzo que han hecho antes y los recursos que tienen. «No podemos seguir siendo los grandes olvidados cuando toca repartir responsabilidades», advierten.

Mientras el Gobierno de Sánchez ultima cómo pondrá en marcha este plan, Melilla se prepara para una posible batalla legal y sigue exigiendo diálogo y equidad. La ciudad, que lleva años afrontando sola esta situación, pide que se reconozca su trabajo y que el reparto sea justo. Por ahora, la tensión entre el Ejecutivo central y la Ciudad Autónoma no hace más que crecer.