Los socios independentistas de Sánchez recurren la Ley de Libertad Educativa en el Constitucional

Los socios independentistas y de extrema izquierda del socialista Pedro Sánchez recurren la Ley de Libertad Educativa de la Comunidad Valenciana impulsada por PP y Vox. En concreto, un total de 50 diputados de Junts, ERC, Bildu, Sumar, BNG y Podemos se han sumado a la coalición nacionalista Compromís para pedir al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional la Ley de Libertad Educativa de la Comunidad Valenciana.

Esa ley, que ya ha superado el filtro de las Cortes Valencianas. En síntesis, su finalidad es la de acabar con el procés acelerado que se ha vivido durante ocho años en las aulas valencianas. El texto ha superado las revisiones de todos los órganos jurídicos de la Autonomía antes de someterse al escrutinio del Parlamento valenciano. Entre ellos, el Consejo Jurídico Consultivo.

La iniciativa tomada por estos diputados forma parte de la ofensiva lanzada por el independentismo catalán para devolver esa lengua a las aulas valencianas, tal como este miércoles ha publicado OKDIARIO.

De hecho, la iniciativa tomada por Compromís de conseguir el apoyo de 50 diputados para presentar recurso de inconstitucionalidad contra esta norma es un planteamiento idéntico al que había reclamado la catalanista Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua). Esta última, una entidad generosamente regada con subvenciones tanto por lo Gobiernos de la Generalitat de Cataluña como por los Ejecutivos valencianos de Ximo Puig, de los que formaba parte Compromís.

Los diputados que se suman a esta iniciativa proceden, entre otras, de las formaciones independentistas catalanas Junts y ERC. Ambas, respaldaron con sus votos al socialista Pedro Sánchez para presidir el Gobierno de España, a pesar de que había perdido las Elecciones Generales de este 23 de julio. En el caso de ERC, se trata además de los actuales socios del Gobierno del también socialista Salvador Illa.

En cuanto a Sumar, la coalición con la que Compromís ha concurrido a las Elecciones Generales, es socio de Gobierno de Pedro Sánchez. Y con Bildu, los socialistas acordaron en su día la ley de memoria.

Amparo Piquer, secretaria general de Mes, el partido que ahora mismo lidera Compromís, ha subido una publicación a sus redes sociales en la que destaca que Compromís ha sumado 50 diputados «de izquierdas y soberanistas en defensa del valenciano en las aulas».

La Ley de Libertad Educativa que ahora los independentistas quieren declarar inconstitucional defiende, en síntesis, que los padres y madres puedan elegir la lengua en que quieren que sean educados sus hijos, frente a la imposición del catalán de la etapa de Gobierno del socialista Ximo Puig con Compromís y Podemos.

Los impulsores de este recurso de inconstitucionalidad entienden que la Ley de Libertad de Educativa de la Comunidad Valenciana incumple ocho artículos de la Constitución, 16 de la ley educativa del Estado, uno del Estatuto de Autonomía valenciano y tres reales decretos, cosa que rechaza de plano el Ejecutivo valenciano.

El artículo 14 y dos disposiciones adicionales

El consejero valenciano de Educación José Antonio Rovira, que no sólo ha impulsado esta ley sino también iniciativas del calado de la gratuidad en la educación de menores de 0 a 3 años en la Comunidad Valenciana, ha calificado de «mínimas» las discrepancias del Gobierno de España en torno a la Ley de Libertad Educativa: «Pequeñas puntualizaciones», que «se resolverán sin problemas».

Las pequeñas discrepancias a que el consejero valenciano se ha referido hacen mención, en concreto, al artículo 14 y dos disposiciones adicionales acerca de la exención del valenciano en zonas castellanohablantes, ya recogidas en la Ley de Usos y Enseñanza del Valenciano, que data del año 1983.

El Gobierno discrepa también en el periodo de exención de cuatro años de quien venga de fuera de la Comunidad Valenciana para formarse en esa lengua. El Ejecutivo pide que sólo se haga en ocasiones muy excepcionales.

José Antonio Rovira ha afirmado que le «encanta» que «partidos independentistas como Junts o Esquerra recurran la ley», porque eso «demuestra cuál es el objetivo». No obstante, José Antonio Rovira ha manifestado que el Tribunal Constitucional «tomará las medidas que tenga que tomar y nosotros, lógicamente, cumpliremos».