INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Los socios de Sánchez se unen contra el 25% de español en Cataluña y la libertad lingüística de Mazón

Una entidad catalanista promueve en Europa la revisión del 25% del español en las aulas catalanas

Compromís busca apoyos en el Congreso para recurrir ante el Constitucional la Ley de Libertad Educativa valenciana

Pedro Sánchez inmersión lingüística
Pedro Sánchez, en la Moncloa.
Ignacio Martínez

Ofensiva total de los socios del PSOE de Pedro Sánchez en Madrid y Cataluña para acabar con el 25% de español en las aulas catalanas y fulminar la Ley de Libertad Educativa valenciana impulsada por el presidente de la Generalitat el popular Carlos Mazón y Vox.

La ofensiva la está llevando a cabo la catalanista Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua), una entidad generosamente subvencionada desde la Generalitat de Cataluña por los ahora socios independentistas del PSOE, en el Congreso, y del PSC, en el Gobierno catalán. Y la coalición nacionalista valenciana Compromís que, a su vez, está integrada en Sumar. Esta última, socio del PSOE de Pedro Sánchez en el Gobierno de España.

A todos los efectos, se puede decir que lo que ha comenzado es una enorme ofensiva del independentismo para continuar con la paulatina imposición del catalán en suelo valenciano, como ya ocurrió en tiempos de Ximo Puig, y erradicar totalmente el español de las aulas catalanas.

Plataforma per la Llengua, autodenominada la ONG del catalán, es también conocida por promover que se denunciara a los estudiantes y docentes que no utilizaban el catalán en los colegios y universidades, lo que le valió el sobrenombre de los espías del catalán. En Europa, la catalanista Plataforma per la Llengua, ha pasado a formar parte como miembro de la Unión Federal de Nacionalidades Europeas (FUEN), este sábado.

FUEN, a su vez, ha aprobado dos resoluciones. Una, para reclamar el reconocimiento oficial del catalán como lengua de la Unión Europea. Y otra, para apelar a las instituciones españolas y europeas a defender la inmersión lingüística y revisar la sentencia del 25% del español en las aulas catalanas, según recoge la propia web de la citada plataforma catalanista.

Esta medida, caso de aplicarse, significará el final del español en las aulas educativas de Cataluña. Y, por tanto, la inmersión lingüística total. Porque ya no existirá la mínima obligación de que las niñas y niños que estudian en Cataluña dediquen al menos la cuarta parte de su tiempo en la escuela a aprender en español.

Compromís y Plataforma per la Llengua

En paralelo, la coalición nacionalista Compromís ha establecido contactos con el Ministerio de Educación y con grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para que un mínimo de medio centenar de esos diputados o bien el propio Gobierno de Pedro Sánchez presente un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley de Libertad Educativa de la Comunidad Valenciana.

Esa ley, impulsada por PP y Vox, es la que de facto, también, ha terminado con el procés acelerado a la valenciana que se vivió en este territorio durante los ocho años en que Compromís gobernó junto a los socialistas de Ximo Puig.

Se da la circunstancia de que la catalanista Plataforma per la Llengua, que ahora ha recabado el apoyo de FUEN para revisar el 25% de español en las aulas catalanas, lleva meses propugnando para que en el Congreso de los Diputados se lleve a cabo un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Libertad Educativa valenciana. Es decir, lo que ahora está haciendo Compromís.

Subvencionada desde Valencia y Cataluña

Plataforma per la Llengua ha recibido de la Generalitat de Cataluña 3.795.000 euros en seis años, los que van de 2016 a 2021, según publicó en su día OKDIARIO. Además, en ese mismo periodo de tiempo, esa plataforma percibió más de 405.000 euros procedentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Ximo Puig

Frente a aquella situación, el actual Gobierno valenciano no sólo ha cerrado el grifo, sino que está actualmente ultimando una ley de señas de identidad valencianas que incluye que aquellas entidades que incumplan el Estatuto de Autonomía valenciano y/o la Constitución española no reciban ayudas de las Administraciones públicas.

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