Puig desata la ira de 1.000 trabajadores del hospital de Torrevieja al llevar su convenio al juzgado

Por si no fuera poco con la multitud de frentes que tiene abiertos en la Sanidad Pública valenciana, la decisión de la Generalitat, que preside el socialista Ximo Puig,de solicitar al juzgado la anulación de un convenio que afecta a 1.000 trabajadores del Hospital Universitario de Torrevieja ha desatado la ira en el personal del centro como demuestra la contundente respuesta del Comité de Empresa, que ha remitido una circular en la que afirma directamente que la Consejería de Sanidad, que dirige Miguel Mínguez «quiere dejar sin convenio colectivo al personal laboral del hospital de Torrevieja».

Cuando parece que la Sanidad Pública valenciana no tiene hueco para un nuevo problema, aparece el siguiente. A las listas de espera, con la huelga de médicos en ciernes, con hospitales al borde del colapso y con la Atención Primaria, el foco hoy se centra en el hospital de Torrevieja, donde 1.000 trabajadores están indignados tras enterarse que la Generalitat Valenciana ha reclamado en el juzgado la anulación del convenio para el personal laboral.

Los antecedentes

El 15 de octubre de 2021, este hospital pasó de la gestión privada a la pública. Y desde entonces los problemas se han acumulado. En junio de 2020, los trabajadores suscribieron el III convenio colectivo, que es el que ha sido impugnado por el Gobierno de Ximo Puig a través de la Abogacía de la Generalitat porque lo considera «lesivo», según el citado comité, cuyos miembros describen con una muy gráfica expresión como se han quedado al conocerlo: «Atónitos».

Se trata de un convenio que, siempre según las mismas fuentes, sigue aplicándose a los más de 1.000 laborales a extinguir que desempeñan su tarea en el mencionado hospital y en los centros de salud del Departamento, donde en total hay unos 2.000 trabajadores.

El convenio que ahora cuestiona la Consejería de Sanidad fue firmado por la empresa que lo gestionaba -Ribera Salud- y la mayoría de los sindicatos en aquel 2020. En concreto, 16 meses antes de la reversión: el paso de gestión privada a pública. Fue registrado y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a mediados de septiembre de ese mismo año y fue, también, aplicado por la empresa en todos sus términos, según siempre el Comité de Empresa.

La impugnación

El acuerdo tenía una vigencia de dos años. Concluía en diciembre de 2021. Y fue denunciado por la Consejería para negociar uno nuevo que actualizase las condiciones de los profesionales del Departamento. Pero, el 15 de diciembre de ese 2021, 48 horas antes de la primera reunión de la comisión negociadora del que debía ser el nuevo convenio, la Consejería de Sanidad lo impugnó en un juzgado de Lo Social de Alicante.

Según el comité de empresa «nada , absolutamente nada»  habían transmitido «a nadie» hasta que la pasada semana tuvieron conocimiento de que la demanda había sido admitida a trámite y que en septiembre se celebrará un juicio «para dirimir la cuestión».

La Consejería de Sanidad, que desde mayo tiene al frente a Miguel Mínguez, según el Comité de Empresa, impugna porque considera el convenio «lesivo» para sus intereses, porque, dice, se trata de un acuerdo que garantiza una tasa de contratos indefinidos del 93% sobre la plantilla estructural del Departamento de Salud o porque entiende que los trabajadores «disfrutan de mejores permisos, licencias y vacaciones que los que tiene el personal estatutario».

«Engañados y menospreciados»

El Comité de Empresa además sostiene que los trabajadores se sienten «engañados, menospreciados, vilipendiados y frustrados por el continuo maltrato al que están siendo objeto por parte de la Generalitat». «Nos damos cuenta de que nos utilizaron para conseguir su objetivo». Pero. lo más demoledor es que el propio Comité sostiene que desde el día siguiente a la reversión, «estamos viviendo un calvario continuo».

Se da la circunstancia de que mientras la indignación se eleva exponencialmente en Torrevieja, el Grupo Parlamentario Compromís, socio de Ximo Puig en el Gobierno valenciano, llevaba al Pleno de las Cortes Valencianas la toma en consideración de la Proposición No de Ley (PNL) de tramitación especial de urgencia sobre la finalización del contrato de concesión administrativa del departamento de salud de Manises. Otra nueva reversión, como la que vivió Torrevieja.