Puig aumenta un 102% los altos cargos del sector público en sus ocho años de gobierno: de 49 a 99

La Generalitat Valenciana, que preside el socialista Ximo Puig, ha incrementado de 49 a 99 los asesores y altos cargos del sector público valenciano en ocho años. Han aumentado, por tanto, en medio centenar desde que el PP acabó su último mandato, en 2015, al término de la actual legislatura. Una cifra que, en términos porcentuales, supone, a su vez, un aumento del 102%. Se da la circunstancia de que el incremento del gasto de ese sector público valenciano ha sido de 1.800 millones de € también en los últimos ocho año, justo el periodo en que la izquierda valenciana ha estado al frente del Ejecutivo en este territorio.

En 2015, el último año del gobierno del Partido Popular al frente de la Generalitat, el sector público valenciano contaba con seis organismos autónomos, 20 empresas públicas y cinco consorcios, con un coste ligeramente superior a a los 2.039 millones de €. 

En 2023, los organismos autónomos se han más que doblado: son 13. Hay nueve empresas públicas más, con lo que ya se alcanzan las 29, y se ha agregado otro consorcio: ahora, son seis. A ello, hay que sumar la Agencia Valenciana Antifraude, si bien en su caso depende de las Cortes Valencianas. Sólo se han reducido las fundaciones, que han pasado de 12 a nueve.

Con todo ello, el coste del sector público valenciano se ha incrementado hasta los 3.902 millones de €. Así, el aumento del presupuesto del sector público valenciano en estos ocho años (2015-2023) ha sido del 92%. En concreto 1.863 millones de €.

En este último ejercicio, hay que agregar otras  tres agencias aprobadas este 2023. Y que son: la Agencia de Ciberseguridad, la de Control Alimentario y la del Cambio Climático. También, se han creado tres fondos que tiene como misión la de canalizar las ayudas.

El cómputo de entidades en 2023 supera, pues, en 22 a las existentes en 2015, con el incremento de los asesores y altos cargos en ese sector público: de 49 a 99.

Todos estos datos, forman parte de los extraídos en su momento por el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas Rubén Ibáñez y están sobre la base de la tesis de adelgazamiento de la Administración autonómica, que según ha anunciado el presidente del PP valenciano y candidato popular a la Generalitat Carlos Mazón pondrá en marcha si alcanza la mayoría suficiente para presidir el Gobierno de la Autonomía.

En concreto, Mazón pretende rebajar a la mitad el número no sólo de asesores y altos cargos del sector público, sino el de toda la Generalitat, que en datos del PP ascienden a 350.

Ahorro para educación libre y gratuita

Además, tal como en su día publicó OKDIARIO, el plan de Mazón para reducir el gasto y optimizar el funcionamiento del Ejecutivo incluye también, rebajar de 12 a 10 las actuales consejerías y eliminar lo que considera duplicidades y una sobredimensión en actual estructura de la Administración valenciana.

También, le permitirá liberar presupuesto para poner en marcha otras iniciativas, como es el caso de la educación libre, universal, gratuita y sin papeleos de 0 a 3 años. El PP considera que transformar las consejerías de Participación y Vivienda en dos direcciones generales supondría un ahorro que estima en 152,6 millones de €.

Sólo con ello, eliminaría nueve directores generales, cuatro secretarios autonómicos, dos subsecretarios y 14 asesores, además de un jefe de gabinete. En el caso de Presidencia, tiene previsto eliminar, también, tres de las diez direcciones generales, con un ahorro de 3,3 millones de €. Y, además, tres de las cuatro direcciones de la Consejería de Innovación, lo que evitaría el gasto de otros 5,1 millones de €, según los populares.

También, cuenta con una primera propuesta del propio Rubén Ibáñez para reordenar, precisamente el sector público valenciano, con una reducción inicial del 10% del gasto, lo que implica un ahorro inicial de 75 millones.

En cifras absolutas, sólo esas primeras medidas suponen un ahorro estimado de 239 millones de €, que el PP destinará implantar la educación libre, universal y gratuita de 0 a 3 años en la Comunidad Valenciana. En ese paquete, restan aún 35 millones que se dedicarán a becas de comedor.