La Audiencia de Valencia decidirá el recurso de admisión de la querella contra el presidente del Júcar

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que dirige las diligencias previas en el caso de la DANA, lleva ocho días sin responder al escrito de adhesión al recurso de apelación presentado por la asociación HazteOír contra el auto que inadmite la querella contra responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y, entre ellos, su presidente Miguel Polo, según han confirmado fuentes de los servicios jurídicos de las citadas víctimas. Pero, al tratarse de un recurso de apelación quien lo resolverá será la Audiencia de Valencia.

La tardanza en la respuesta por parte de la juez resulta llamativa, en este caso, dada la celeridad con que la magistrada se ha empleado a la hora de emitir diversos autos a lo largo de las diligencias previas resultaba llamativa. Y se producía justo en vísperas de que el 11 de abril comparezcan en calidad de investigados en la causa la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y quien fuera el secretario autonómico de esa misma Conselleria, Emilio Argüeso. Hasta la fecha, Pradas y Argüeso son los dos únicos investigados en el procedimiento.

Se da la circunstancia de que la inadmisión de la querella inicialmente presentada por HazteOír contra los responsables del Júcar se encontraba en el mismo auto del 10 de marzo en que se citaba a declarar, ya en calidad de imputados, a los mencionados Salomé Pradas y Emilio Argüeso.

El escrito presentado el 26 de marzo se produjo después de que el día 10 del mismo mes la magistrada comunicara a través de otro auto a la asociación HazteOír que inadmitía la querella presentada contra cinco cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En concreto: su presidente, Miguel Polo; el secretario general, Juan Torralba; la comisaria de Aguas, Cristina Sola; el director técnico Manuel Torán y la titular de la Oficina de la Planificación Hidrológica, Aránzazu Fidalgo.

En ese escrito, las cuatro víctimas sostenían que «los querellados, como altos cargos y técnicos de la CHJ, tienen la mayor responsabilidad en el control de avenidas en los cauces de su demarcación, entre los que se encuentran el barranco del Poyo y el río Magro». Afirmaban que «en las horas más críticas, cuando el barranco estaba ya fuera del cauce, omitieron toda información relevante».

Y mencionaban que la base de la imputación de los ahora investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso «se resume en que en informativos de diferentes medios, especialmente la televisión autonómica A PUNT, ya se estaba advirtiendo a las 15:07 que se había desbordado el barranco de Chiva, lo que unido a las alertas meteorológicas, llamadas al 112, etc. debió moverles a anticipar el aviso a la población». Una circunstancia que llevaba a estas víctimas a preguntarse: «¿Y los querellados responsables del control de avenidas no veían A PUNT? Y si lo vieron, ¿qué hicieron? ¿No sabían dónde iba a acabar el agua que ya desbordaba en Chiva?».

El escrito aún no ha recibido respuesta, porque debe resolverse en la Audiencia. Y ello, cuando para el día 14 de este mismo mes, en plena Semana Santa, están previstas, también, las declaraciones en calidad de testigos de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.