Un informe de la Consejería de Oltra insinúa que la menor denunció abusos para irse del centro

La Consejería de Mónica Oltra no otorgó credibilidad a las denuncias de la menor abusada por el que era su marido. Así, lo constata un informe elaborado por la jefa de Servicio de Infancia y Adolescencia e Igualdad, que versa, precisamente sobre las «declaraciones» respecto a los «posibles» abusos por parte de «un educador», que sufrió la niña, sin mencionar en ningún momento al que entonces era marido de Oltra.

El informe está fechado el 18 de agosto de 2017. Y en él, no sólo se afirma que «no existen pruebas que evidencien una situación de abusos», sino que además, se destaca que «llama la atención que la menor no haya denunciado estos hechos en el centro y únicamente lo ha hecho cuando ha querido conseguir su objetivo de no permanecer en acogimiento residencial, la primera vez para conseguir que se formalizara su acogimiento familiar por parte de los padres de su ‘novio’ y la segunda para evitar que la policía la devolviera al centro tras una fuga».

Además, se afirma, también, que «los dos informes psicológicos realizados a la menor no otorgan credibilidad al testimonio de ésta y no han encontrado indicio alguno de abusos por parte del educador a la misma».

Un juzgado de Valencia investiga si cargos y/o personal de la Consejería que dirigía Mónica Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el que era marido de la entonces vicepresidenta primera del gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra. Esta última, se encuentra imputada en este caso, conocido como el caso Oltra, por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.

El caso está en fase de investigación y hace algunos días, el juez levantó el secreto que pesaba sobre la pieza conocida como de los e mails de Igualdad. Es decir, aquellos correos que supuestamente responsables, funcionarios o personal del staff de Oltra intercambiaron en relación al caso.

La propia Mónica Oltra compareció para explicar este caso en las Cortes Valencianas el 21 de abril de 2021. Realizó un extenso relato, con una relación cronológica de los hechos, que pasó por alto algunos episodios.

Pero lo que sí está claro, porque así ella misma lo manifestó en las Cortes, es que el 8 de agosto de aquel 2017, «la Dirección General de Infancia y Adolescencia ordenó la apertura de un expediente informativo por haber tenido conocimiento verbal en el día de hoy de unos posibles abusos».

En esa parte de su intervención, Oltra pasó de aquella fecha al 11 de agosto, que es cuando el subsecretario dictó una orden ordenando la máxima colaboración con la Fiscalía. Diez días después, y siempre siguiendo ese relato de Oltra, se acordó instruir un expediente. Y el 25 se solicitó al Instituto Espill la valoración y/o tratamiento psicológico de la menor como posible víctima de abusos sexuales.

Pero entre una fecha y otra se encuentra el 18 de agosto, que es cuando se elabora el informe al que aquí se hace referencia. Se trata de un documento que certifica que la directora del centro tuvo conocimiento de los hechos en febrero de 2017, porque una trabajadora social del Comité Antisida le relató «las declaraciones de la menor en relación a los presuntos abusos sexuales por parte de un educador», pero añade que la trabajador social «hace suyas las declaraciones de la menor, sin comprobar la veracidad de lo manifestado por la misma y decide gestionar la solicitud de acogimiento de la menor por los padres de su novio, con el que mantiene una relación de un par de meses».

Añade, que a partir de ese momento, el centro activó «el protocolo de intervención ante la sospecha de abusos sexuales» y que se informó a la Dirección Territorial y se apartó al educador hasta que finalizase la fase de investigación. Pero, a pesar de todo ello, y de la gravedad de lo transmitido por la trabajadora social, en ningún momento, tampoco, en esos pasajes, se hace referencia a que el centro hubiera puesto al corriente a la Policía y/o a la Fiscalía de Menores. De hecho, no es hasta el 22 de junio cuando la policía tiene conocimiento de los hechos por boca de la menor. Y son los propios agentes los que informan a la Fiscalía, cuatro meses después de la entrevista de la menor con la trabajadora social.

Sí se desprende que las pesquisas internas habían continuado. Así, el 28 de febrero, según consta en ese informe, la menor fue explorada por la psicóloga de la Dirección Territorial y el informe de la psicóloga concluye que «no se ha apreciado ningún indicio, palabra o frase a partir de la cual pudiéramos investigar la posibilidad de existencia de una experiencia en la que ella se sintió abusada sexualmente».

El 7 de marzo, una semana después, se celebró una reunión en la que participaron la directora del centro y un educador con el director psicólogo y la trabajadora social, en la que según este relato el director psicólogo dice que «en un principio se alarmó, pero que posteriormente descendió la credibilidad de lo relatado».

Finalmente, en sus conclusiones, la jefa de servicio expone que «de la documentación aportada por la dirección del centro y del resto de informes y documentos contenidos en el expediente de protección de la menor y no pudiendo realizar más indagaciones por la brevedad del plazo de que se dispone para realizar este expediente informativo, podemos concluir que no existen pruebas que evidencien una situación de abusos manifestada por la menor. Los dos informes psicológicos realizados a la menor no otorgan credibilidad al testimonio de ésta y no han encontrado indicio alguno de abusos por parte del educador a la misma. Por otra parte, llama la atención que la menor no haya denunciado estos hechos en el centro y únicamente lo ha hecho cuando ha querido conseguir su objetivo de no permanecer en acogimiento residencial, la primera vez para conseguir que se formalizara su acogimiento familiar por parte de los padres de su novio y la segunda para evitar que la policía la devolviera al centro tras una fuga».

Y finaliza diciendo que «para evitar cualquier situación de riesgo para la menor y a petición de Fiscalía» la niña «ha sido trasladada a otro centro residencial dependiente de esta Entidad Publica».