Las diligencias del caso del ex marido de Oltra «no llamaron la atención» al secretario territorial

Las diligencias penales del caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del entonces marido de la vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra no llamaron la atención del secretario territorial Jesús Esquiu pese a su formación letrada. Con esa contundencia se expresó hace apenas unas horas la vicesecretaria jurídica de Vox Marta Castro tras una maratoniana sesión de declaraciones ante el titular del Jugado de Instrucción 15 de Valencia de Amparo Nogués, jefa de Servicio de Infancia y Adolescencia de la Consejería de Igualdad, que dirige Mónica Oltra, y el secretario territorial el propio Jesús Esquiu.

Subida al último tren del día que conectaba Valencia con Madrid, Marta Castro no podía quitarse de la cabeza las casi 4 horas de declaraciones que había vivido en directo en su condición de letrada de Vox, que junto a la asociación Gobierna-Te, ejerce la acusación popular en el caso que investiga la presunta ocultación, por parte, supuestamente, de cargos y/o técnicos de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, de la denuncia de la menor abusada por el educador y marido de Mónica Oltra cuando ocurrieron los hechos. El exhaustivo análisis que hizo la letrada en esas horas de trayecto, reflejado casi a vuela pluma a última hora de anoche por OK DIARIO, el enfoque ofrecido por Castro y sus consideraciones merecen, por su profundidad y claridad un repaso más sosegado.

La declaración de Jesús Esquiu resultó especialmente larga y, aunque fue la de Nogués la que acaparó inicialmente la atención, merece la pena detenerse en las consideraciones de Castro acerca de lo explicado ante el juez por el secretario territorial: según explicó Marta Castro, las pesquisas del juez se centraron en 3 cuestiones: las fechas, pues dan sentido al orden cronológico de los hechos, las razones por las que en el seno de la Consejería se llevó a cabo un expediente paralelo al judicial y por qué no se ejecutó la orden de Fiscalía de trasladar a la niña de centro para separarla del entonces supuesto abusador ni se respondió al fiscal cuando se dio esa orden.

En cuanto a las fechas, la cuestión de fondo radica en que el 28 de julio de 2017, se trasladó desde instancia judicial un auto con medidas cautelares sobre el caso de los abusos para el conocimiento de la Consejería de Oltra. Pero la consejera dijo en las Cortes Valencianas que ella tuvo un primer conocimiento del caso el 4 de agosto de ese año y a título particular. Por tanto, una semana después del traslado de dicho auto. Sin embargo, un documento aportado al caso por una de las imputadas dentro de un expediente trasladó la convicción de que la consejería supo del caso ese mismo 28 de julio. Las indagaciones posteriores y, sobre todo, las palabras de Oltra en las Cortes Valencianas hace apenas unos días en respuesta a una interpelación de María Quiles, de Ciudadanos, desvelaron que el sello de entrada de ese documento no es el de la Consejería, sino el de la Policía Local de Valencia, lo que vuelve a situar un aparente halo de duda acerca de las fechas. Precisamente, la cuestión a que se refería el juez.

Ayer, para Marta Castro resultó «sorprendente» que el secretario territorial Jesús Esquiu dijera en su declaración que no le llamaron la atención unas diligencias penales como las abiertas en torno a los abusos a la menor. A pesar de su formación letrada y pese a su jerarquía, dijo, siempre según la versión de Castro, que nadie le informó.

Del mismo modo, también es llamativo otro pasaje de la declaración de Jesús Esquiu relatado por Castro.  El 11 de agosto de 2017 -según dijo Oltra ante las Cortes Valencianas- el subsecretario de la Consejería dictó una instrucción ordenando la máxima colaboración con la Fiscalía y la mayor diligencia en la adopción de las medidas que fueran requeridas y, en particular, instaba a que se procediera de forma inmediata a atender las peticiones formuladas por la citada Fiscalía, solicitando, además, que se informase de ello. Según señaló Castro, Jesús Esquiu, secretario territorial, dijo que no tuvo conocimiento de esa instrucción y que sólo contestó a Fiscalía cuando alguien, una persona que Jesús Esquiu dijo no recordar según la versión de Castro, le preguntó si había remitido su contestación a la orden de Fiscalía de trasladar a la niña de centro para separarla del entonces supuesto abusador.

Castro se refirió, además, a una cuestión también capital en el desarrollo del caso. Dijo que según declaraciones anteriores de otros imputados, la persona encargada de la custodia del expediente abierto en la Consejería en torno a este caso era el propio Jesús Esquiu. Sin embargo, éste señaló, según ha referido Castro, que creía recordar que había entregado el citado expediente a la jefa de servicio (Amparo Nogués, la otra interrogada ayer) cuando se formularon preguntas en sede parlamentaria. Sin embargo, esta versión no coincide con la de la citada jefa de servicio, Amparo Nogués, que también declaró ayer. Nogués dijo a este respecto que no recordaba ese hecho. E incluso, y siempre según Castro, dejó caer que es posible que ya no fuera competencia suya y que nunca tuviera en su poder el citado expediente administrativo remitido a las Cortes valencianas, otro embrollo.

Pero más sorprendente aún es el relato de Castro acerca de las respuestas que dio Esquiu a alguna de las preguntas de Fiscalía en torno a por qué dio al expediente sobre el caso abierto en la Consejería la calificación de ‘información reservada’. Según dijo Marta Castro, en esta cuestión está claro que el secretario territorial cometió un error, que al parecer había cometido ya en expedientes anteriores por cuanto Esquiu llegó a decir que él está acostumbrado a tramitar expedientes disciplinarios y que los suele poner como que todos son confidenciales. Se da la circunstancia de que según la web Diccionario Panhispánico del español jurídico, la información reservada es el procedimiento administrativo para verificar determinados hechos con carácter previo a la incoación, en su caso, de un expediente sancionador o disciplinario.

En cuanto a la declaración de la Jefa de Servicio de Infancia y Adolescencia Amparo Nogués, hay 3 cuestiones trascendentes. Una, que dijo que ella conoció tarde que el autor de los abusos era el marido de Mónica Oltra, lo que explicaría que en un primer momento no valorase la enorme importancia del asunto. Otra, un correo, cuyo contenido completo desconocemos, que aportó, con el fin supuestamente de demostrar que las órdenes en referencia a este caso venían desde una superior jerárquica y no al contrario y que habría presentado para descargar su responsabilidad. Y, la tercera, también en descarga de su responsabilidad, que ha trascendido por la versión de Marta de Castro. En este caso,  Nogués sostuvo que eran los técnicos los que decidían si los expedientes pasaban al servicio psicológico o al conocimiento de los superiores y que a ella sólo le comunicaban lo que consideraban, lo que evidencia una supuesta falta de control. Por tanto, 3 respuestas con que se descargaba de responsabilidad en el caso. La más controvertida, la referida a los técnicos, uno de los cuales declarará además en unos días.

Según fuentes próximas al caso, nos encontramos ante un procedimiento largo y complicado, que incluso puede ofrecer más sorpresas en los próximos días. Todo ello, además, a la espera de las nuevas diligencias que el juez puede solicitar en caso de considerarlo necesario para el esclarecimiento de los hechos.