La treta de JxCAT para forzar elecciones: Borràs no dimitirá pese a ser juzgada por corrupción

La política catalana está a punto de volver a centrar el interés general. A la vuelta de Semana Santa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrirá juicio oral contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Esa decisión obliga a la diputada de JxCAT a dimitir de su escaño. Pero Borràs, según fuentes de su entorno, no sólo no dimitirá, sino que tiene pensado atrincherarse en el Parlament, abriendo así una crisis con sus socios, que no le respaldan. Una situación que, según admiten desde ERC y JxCAT, pondría fin a la legislatura un año después de la investidura de Pere Aragonés.

La política separatista está investigada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Todo por trocear varios contratos cuando era presidenta del Institut de les Lletres Catalanes y otorgarlos a un amigo sin anuncio previo. En su etapa como diputada en el Congreso ya estuvo a punto de ser sentada en el banquillo de los acusados por parte del Tribunal Supremo pero al cambiar el parlamento español por el catalán su causa volvió a empezar de cero. Y le ha permitido ganar tiempo. Un espacio en el que intentó, sin éxito, una reforma del reglamento que eliminase ese artículo para no tener que dimitir. La CUP, y en parte ERC, se opusieron.

Ella alega «persecución por parte del Estado» por «ser quién es y ser independentista». Unas explicaciones que, en esta ocasión, no han convencido al resto de grupos separatistas de la cámara catalana que no cedieron a su chantaje. La causa por la que está investigada es por su gestión previa al salto a la primera línea política y varios documentos, así como llamadas y correos electrónicos, prueban la connivencia que hubo entre ella y su amigo empresario que recibió esos contratos fraccionados -una práctica no permitida en la administración pública-.

El artículo 25.4 del reglamento del Parlament obliga a cualquier diputado de la Cámara a dimitir de su escaño si resulta imputado por corrupción. Este sería el caso de Borràs, investigada por varios delitos relacionados con la corrupción política. La norma está vigente desde 2017, cuando ERC y JxCAT -que entonces formaban un único grupo parlamentario bajo el paraguas de Junts pel Sí- quisieron ser implacables contra la corrupción, desmarcándose de la antigua Convergencia, acorralada por el 3%.

La CUP se niega

La CUP, que en 2017 apoyó la iniciativa de los dos principales grupos separatistas en la Cámara catalana, ve una línea roja en la modificación de este artículo. Aunque sea para salvar a la radical Laura Borràs. A diferencia del entorno de la presidenta del Parlament y su partido, JxCAT -donde aseguran que esta investigación forma parte de «la persecución política del Estado contra el independentismo»- en la CUP opinan que se trata de un caso más de corrupción y que debe asumir la responsabilidad de sus actos.

Elecciones anticipadas

La decisión de Laura Borràs de no dimitir y aferrarse al cargo, bloqueando así la legislatura, no dejaría otra salida a Pere Aragonés que una convocatoria de elecciones anticipadas. En ese escenario trabajan ya los principales partidos en Cataluña. Adelantar los comicios ha sido, desde que Aragonés asumió la Presidencia, el objetivo principal de JxCAT para recuperar el Govern.

Tras analizar varias fórmulas para forzar al president a disolver el legislativo, valorando incluso romper la coalición tras aprobar ERC los presupuestos con los Comuns, vender a Borràs como mártir y que no reciba el apoyo ni de ERC ni de la CUP es la que mejor rédito electoral les da. Se trata de repetir la fórmula de Carles Puigdemont.