Samuel Alonso, alcalde socialista de La Granja, acusado de malversación, falsedad y prevaricación

Samuel Alonso, actual alcalde socialista del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, aspira a revalidar su mandato durante otros cuatro años de esta localidad segoviana. Alonso antes de ser alcalde fue concejal, teniente de alcalde y diputado provincial con el PSOE. Ahora, a pesar de la denuncia que ya investiga un juzgado segoviano por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación, quiere renovar su mandato. También pesa sobre él la sospecha de una investigación llevada a cabo por la Guardia Civil e instruida por un juzgado de Segovia sobre la gestión de su antecesor, José Luis Vázquez, actual portavoz socialista y procurador en las Cortés de Castilla y León. Esta operación policial llevó a la Benemérita a irrumpir en el Ayuntamiento de La Granja para llevarse cuatro cajas de documentos que están analizando todavía.

Alonso, heredero en el Ayuntamiento de Vázquez, fue denunciado por los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento del Real Sitio por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación. La denuncia ha sido ratificada hace unos días en los juzgados segovianos. Esta querella no parece estar relacionada con la reciente intervención de la Guardia Civil en este ayuntamiento segoviano. Según los populares, «tiene que ver con un expediente de tasas municipales por el cual el alcalde, Samuel Alonso, decidió ‘indultar’ del pago de uno 44.500 euros a una empresa de publicidad. Advertido por el PP de que ese proceder era manifiestamente ilegal, Samuel Alonso decidió seguir adelante».

Parte de la investigación de la Guardia Civil también afectaría a la gestión de Alonso, puesto que versaría sobre las facturas emitidas por la empresa Valoriza, encargada del mantenimiento y limpieza de los jardines municipales por valor de unos 840.000 euros, desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2021, a razón de 17.500 euros mensuales, sin la concurrencia de concurso público alguno. Alonso es alcalde desde mayo de 2019.

Alonso tiene 42 años, es profesor de Educación Primaria y funcionario de carrera. Su última declaración de bienes presentada en la Diputación de Segovia recoge que es propietario de una vivienda al 50% adquirida en 2006 por 192.000 euros. La oposición ha acusado en innumerables ocasiones a Alonso de dejar al municipio endeudado y de no ser claro con las cuentas de gastos municipales.

El último problema al que tendrá que enfrentarse el candidato socialista a la Alcaldía de La Granja se remonta al período comprendido entre los días 23 de septiembre al 4 de noviembre de 2022, cuando una empresa de eventos ocupó en la zona de Puerta de la Reina y el parking de «la electrolinera», en un espacio exclusivo para la presentación de un nuevo coche eléctrico de una marca de renombre internacional al igual que la Fuente del Príncipe, donde se colocaron caravanas, carpas y demás instalaciones en apoyo logístico del evento.

Por La Granja pasaron durante 40 días periodistas especializados en temas de motor, influencers y youtubers para probar el nuevo coche y hablar de las bondades del vehículo. La cuestión es que el ayuntamiento cobró a los organizadores 4.500 euros en concepto de una ordenanza que, según los denunciantes, concejales del Partido Popular, no era la correcta. En realidad el municipio debería haber cobrado 44.500 euros por 42 días de ocupación de la vía pública. «Siendo esto así, y esa información es la que requerimos oficialmente a alcaldía, ¿cómo es que al final se liquidó por una décima parte de esa cantidad, por 4.500 euros?», se preguntan desde el PP.

Tras la denuncia de los populares de La Granja se consiguió que «en vez de aplicar la ordenanza municipal 12 se aplicó la número 10», achacando el problema a «un error de tramitación» al aplicar la ordenanza que rige la «ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas».

«Si mal está que un municipio arruinado por décadas de mala gestión socialista indulte graciosamente 40.000 euros a una empresa, resulta del todo intolerable el conchabeo entre el alcalde y técnicos para aplicar al capricho del alcalde las tasas y redactar informes a medida. Si existe una tasa por el uso del dominio público para tal fin, hay que aplicar esa tasa, y no otra que encaje con los deseos del alcalde. El Real Sitio no se puede someter a esta manera arbitraria de gestión de los impuestos, de ‘a éste le hago pagar tanto y al otro lo mismo dividido por 10’ jugando al capricho del alcalde con los informes técnicos. Esto es ilegal, y en consecuencia, en diciembre de 2022 presentamos ante el juez la oportuna denuncia», aseguraba el PP.