Investigan al alcalde socialista de La Granja por malversar 44.000 euros con una agencia de publicidad

Samuel Alonso, actual alcalde socialista del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, ha sido denunciado por los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento del Real Sitio por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación. La denuncia ha sido ratificada hace unos días en los juzgados segovianos. Esta querella no está relacionada con la reciente intervención de la Guardia Civil en este ayuntamiento segoviano. Según los populares, «tiene que ver con un expediente de tasas municipales por el cual el alcalde, Samuel Alonso, decidió indultar del pago de uno 44.500 € a una empresa de publicidad. Advertido por el PP de que ese proceder era manifiestamente ilegal, Samuel Alonso decidió seguir adelante».

Hay que remontarse al período entre los días 23 de septiembre al 4 de noviembre de 2022, cuando la empresa Roke Travel Factory ocupó en la zona de Puerta la Reina y  el parking de «la electrolinera», en un espacio exclusivo para la presentación de un nuevo coche eléctrico de una marca de renombre internacional. Esta microempresa malagueña tiene como principal actividad declarada la de «Actividades de las agencias de viajes», aunque en su web se anuncian como organizadores de eventos a nivel nacional e internacional.

Toda esa zona de La Granja estuvo reservada en exclusiva a la empresa así como también otro segundo espacio, en la Fuente de del Príncipe, donde se ubicaron caravanas, carpas y demás instalaciones en apoyo logístico del evento. El objetivo es que durante 40 días por La Granja pasaran periodistas especializados en temas de motor, influencers y youtubers para probar el nuevo coche y hablar de las bondades del vehículo, todo ello en un entorno natural privilegiado como el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso.

«Hasta ahí todo muy bien, publicidad para La Granja, aunque lo cierto es que no hemos podido encontrar ningún vídeo relacionado con esta iniciativa. No es esa la cuestión. El problema es que inicialmente los servicios técnicos del ayuntamiento liquidan el oportuno expediente aplicando la ordenanza número 12, literalmente tasas por ‘instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico’. Esta es sin duda la tasa correcta. Por el informe 673/2022 de 5 de septiembre la tesorera liquida a la empresa y por este concepto 3.000€», explica la denuncia del Partido Popular.

Un mes después, en octubre, «se emite un segundo informe en la que se le dice a la tesorera que hay que emitir una liquidación complementaria de 1.500 € más, siempre bajo el concepto de ‘liquidación por autorización para rodaje cinematográfico’. En cumplimiento de nuestro deber de fiscalizar las cuentas, reclamamos información a la tesorera, que se nos niega hasta por dos veces, hasta que por intercesión del alcalde, se nos facilita el expediente, presentando nosotros el 7 de noviembre una batería de preguntas interesándonos por la cuestión», añaden los denunciantes.

La denuncia se apoya en que la liquidación de gastos efectuada a la empresa «está muy por debajo de lo prescrito en la ordenanza número 12. En concreto, dicha ordenanza señala expresamente que no es posible bonificar los importes que caigan bajo esta figura impositiva y fija un importe diario de 523,24 € por cada espacio urbano utilizado. Según nuestras cuentas, por tanto, son dos espacios urbanos utilizados, es decir 1046.64 €, por 42 días de ocupación de vía pública en concepto de rodaje, 44.499.64 € en total. Siendo esto así, y esa información es la que requerimos oficialmente a Alcaldía, ¿cómo es que al final se liquidó por una décima parte de esa cantidad, por 4.500 €?», se preguntan desde el PP.

Lejos de enmendar el error «se produce entonces lo que consideramos la más grave irregularidad, y es que una vez presentada nuestra reclamación, se añaden al expediente el 9 de noviembre otros tres informes más, dos de la arquitecta técnica municipal (que no es funcionaria sino perteneciente a una empresa externa)», continúa la denuncia.

Lo que consigue con estos nuevos informes es en vez de aplicar la ordenanza municipal 12 se aplicó la número 10, achacando el problema a «un error de tramitación». Pero para el PP, «estos nuevos informes lo que hacen es cambiar a toro pasado la figura impositiva y blanquear el descuento aplicado». La cuestión es que estamos, a nuestro entender, en una ilegalidad flagrante, pues la tasa número 10 se aplica, literalmente, sobre «ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas».

Construcción por rodaje

Es decir, el pago de una tasa municipal concreta de «promoción comercial y rodajes» se habría hecho pasar por una de actividades de construcción, la ordenanza número 10, mucho más barata y así pasó el impuesto de 44.500 € a 4.500 €.

«Si mal está que un municipio arruinado por décadas de mala gestión socialista indulte graciosamente 40.000 € a una empresa, resulta del todo intolerable el conchabeo entre el alcalde y técnicos para aplicar al capricho del alcalde las tasas y redactar informes a medida. Si existe una tasa por el uso del dominio público para tal fin, hay que aplicar esa tasa, y no otra que encaje con los deseos del alcalde. El Real Sitio no se puede someter a esta manera arbitraria de gestión de los impuestos, de a este le hago pagar tanto y al otro lo mismo dividido por 10 jugando al capricho del alcalde con los informe técnicos. Esto es ilegal, y en consecuencia, en diciembre de 2022 presentamos ante el juez la oportuna denuncia, una denuncia en la que hace una semana y a requerimiento judicial, nos ratificamos», asegura el PP. Según la denuncia, la tesorera municipal realizó el citado cambio impositivo «siguiendo instrucciones del alcalde Samuel Alonso Llorente y de la técnico de turismo».

Investigados

Este asunto se suma al del pasado 3 de mayo cuando la Guardia Civil irrumpió en la sede del consistorio municipal para incautarse de documentación relativa a los contratos, nombramientos y concesiones del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia, más conocido como La Granja de San Ildefonso, durante las etapas como alcaldes de José Luis Vázquez, actual procurador en Cortes y portavoz adjunto del PSOE en las Cortes de Castilla y León y alcalde durante tres legislaturas entre 2007 y 2019, y del actual regidor, el socialista Samuel Alonso. El montante de lo adjudicado sin contratación ni licitación pública a una empresa de mantenimiento de jardines supondría algo más de 840.000 euros.

Aquel día varios miembros de la Benemérita de la Comandancia de Segovia, entraban en las instalaciones municipales para hacerse cargo de expedientes de adjudicaciones de contratos, los nombramientos de altos funcionarios y los documentos de cesión de una parcela al municipio, además citaron a varios funcionarios para que acudieran a declarar, advirtiéndoles de que la investigación está bajo secreto sumarial decretado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia.