ayuntamiento de Palma

Vox presiona al alcalde del PP de Palma y exige que antes de julio elimine el requisito de catalán

Quiere que sea sólo un mérito en plazas que no sean de atención al público, como acordó el pleno

En la misma línea reclama que en esa fecha esté también en español toda la normativa municipal

Vox catalán
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, con el portavoz municipal de Vox, Fulgencio Coll.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor OKDIARIO en Baleares, información local de Palma, social y política en general. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El Grupo Municipal de Vox presiona al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, y exige que antes de julio elimine el requisito de catalán para ser empleado municipal en el Ayuntamiento de la capital balear, tal y como acordó el pleno en septiembre del año pasado para aquellas plazas que no sean de atención al público.

Seis meses después de que el gobierno en minoría del PP, con 11 de 29 ediles, apuntalado por los seis concejales de Vox, diera luz verde a este acuerdo, nada se ha avanzado al respecto. La formación de Santiago Abascal no quiere que esta iniciativa angular de su proyecto político quede en papel mojado, como sucede con no pocas iniciativas que reciben el aval plenario en todas las legislaturas.

Por ello, el partido que en Palma lidera el concejal Fulgencio Coll ha presentado una moción al pleno del presente mes de marzo en la que exige a Jaime Martínez definir antes del 1 de julio de 2024 los puestos de trabajo dentro del Ayuntamiento de Palma o de las empresas y organismos municipales que requieran el requisito de catalán.

La medida, como subraya Vox en su propuesta, es que se elimine el requisito de catalán para el acceso a la función pública, en concursos de promoción interna, de traslado o cambio de destino, y que sólo se le considere y puntúe como mérito.

Y con un añadido, además: que la categoría de mérito de la acreditación del conocimiento de la lengua catalana no supere el de las titulaciones necesarias para el mejor desempeño del puesto de trabajo.

Si fuera necesario y previa tramitación de los correspondientes procedimientos, el Ayuntamiento de Palma se dotará de los medios necesarios y suficientes para poder llevar a buen término esta medida.

Vox recuerda en su iniciativa que en el pleno de 28 septiembre presentó una proposición en la que se pedía eliminar el requisito excluyente de catalán en las pruebas de acceso a la función pública local en el Ayuntamiento de Palma, debiendo considerarse el conocimiento del catalán en todo caso como mérito, salvo los puestos de atención directa y presencial a la ciudadanía.

El equipo de gobierno del PP dio el visto bueno a la iniciativa, pero solicitó disponer del tiempo necesario para poder estudiar con detalle los puestos de trabajo, tanto de la Corporación municipal como de las empresas y organismos municipales en los que se considera necesario la acreditación lingüística del catalán.

Pasados ya seis meses, esta formación lamenta que el requisito de catalán «se exige de forma excluyente para la promoción interna o cambio de puesto de trabajo dentro de la misma empresa o área de gobierno».

Además de eliminar la imposición del catalán para el acceso a la función pública, Vox exige, a su vez, al gobierno del PP que todos los documentos oficiales del Ayuntamiento de Palma, así como los de las empresas municipales y organismos autónomos, estén redactados tanto en catalán como en castellano.

La normativa municipal, también en español

«Las comunicaciones se harán en cualquiera de las dos lenguas oficiales que elijan. Las comunicaciones verbales también se podrán hacer en ambas lenguas. Los documentos que tengan efectos externos se podrán redactar en cualquiera de las lenguas oficiales de la institución y/o administración de destino», indica la iniciativa del partido de Abascal.

Por último, la formación insta al alcalde Martínez a que toda la normativa del Ayuntamiento y de las empresas municipales y organismos autónomos esté escrita en ambas lenguas, también antes del mes de julio 2024 y que toda información o norma de debido cumplimiento ciudadano se redacte en ambas lenguas oficiales.

En los casos que se estime necesario, se hará en otras lenguas oficiales de países extranjeros porque ,como recuerda Vox, «todos los ciudadanos tienen derecho a obtener la información y/o respuesta en cualquiera de las dos lenguas oficiales».

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