Vox exige a Martínez no multar a los coches de más de 25 años que entren al centro desde el 1 de julio

Vox exige al alcalde del PP en el Ayuntamiento de Palma, Jaime Martínez, no multar a los coches de más de 25 años que entren al centro desde el 1 de julio cuando entre en vigor el régimen sancionador previsto en la denominada Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ubicada en el perímetro interior de las Avenidas.

Así lo establece el decreto de implantación de la ZBE que limita la suspensión del régimen sancionador a los seis primeros meses de 2025. Una vez en vigor a cuantía de las multas ascenderá a 200 euros. En esta primera fase de la aplicación, que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2026, no podrán circular por el centro los turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes de enero de 2000, y los diésel anteriores a enero de 2006 tampoco podrán acceder si no quieren ser sancionados, sean o no residentes en esta privilegiada zona de Palma.

No será necesario llevar el distintivo ambiental de la DGT visible en el vehículo, pero sí  la calificación del coche -B, C, ECO o cero emisiones- para acceder a esta zona de tráfico restringido.

Vox ya expresó su disconformidad con la ordenanza de ZBE para el centro de Palma aprobada por el pleno de noviembre de 2024 (sólo con el voto afirmativo del equipo de gobierno) para que en la zona menos contaminada de Palma, y en nombre de la descontaminación, «ahogar la actividad económica de esa zona».

Según Vox esta declaración del centro como ZBE, condena este espacio «a una mayor gentrificación y obligar a sus residentes a comprar coches que no necesitan y que probablemente no puedan pagar, ni en diciembre de 2026 ni en diciembre de 2029», según el contenido de la propuesta que será votada en el pleno de este jueves.

A ello hay que añadir que, a día de hoy, existen ya un buen número de sentencias emitidas por distintos tribunales en las que se han estimado, total o parcialmente, los recursos interpuestos tanto por Vox como por colectivos ciudadanos o profesionales diversos, para la derogación total o parcial de sus ordenanzas de ZBE.

Por ello desde Vox consideran que en la ordenanza de ZBE de Palma concurren algunas de las circunstancias que señalan dichas sentencias como justificación para derogarla total o parcialmente. «La existencia de las sentencias a las que hacemos referencia implicarían que, de presentarse un recurso en Palma en los mismos términos que en otras ciudades, la sentencia debería ser similar».

La consecuencia, en caso de que así suceda, sería que las sanciones cobradas indebidamente deberían ser devueltas a los contribuyentes, con el coste personal y económico que eso supondría para las arcas públicas tanto del Ayuntamiento como, sobre todo, de quienes están autorizados a acceder a la ZBE, que habría sido en vano.

«Por eso, ante esa posibilidad, pedimos la derogación». También el partido que en Palma lidera el concejal Fulgencio Coll, indican que ateniendo la disposición adicional primera de la ordenanza que especifica que salvo para el establecimiento de nuevas ZBE o su supresión «podrá hacerse mediante decreto de Alcaldía». Esto permitiría la modificación de la misma por parte del alcalde y la suspensión sine die del régimen sancionador.

Por ello la formación de Abascal propone al gobierno municipal en minoría del PP además de derogar la ordenanza municipal reguladora de la ZBE, suspender por tiempo indeterminado, el régimen sancionador de la nueva normativa.