Vox da de plazo hasta el 1 de junio al gobierno del PP de Palma para abrir la Oficina Antiokupación

Siete meses después de anunciar su puesta de largo y presentar a bombo y platillo la nueva Oficina de Atención Integral a la Vivienda y Antiokupación del Ayuntamiento de Palma, ubicada en la calle Santa Fe del Baluard del Príncep, ésta sigue cerrada a cal y canto y sin ofrecer un servicio al que se comprometió el gobierno municipal en minoría del PP, con su socio programático de Vox, en la oposición.

En un principio, esta demora en su apertura se achacó al desacuerdo existente entre el Colegio de Abogados de Baleares y el gobierno municipal para la incorporación de los dos letrados encargados de asesorar a los afectados. Dos profesionales que se vendrían a unir al personal del propio Consistorio, Govern, Consell y del Colegio Oficial de Administradores de Fincas, que formarán parte de la plantilla de estas dependencias.

Pero ha pasado el tiempo y el convenio entre la institución colegial y el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda que dirige el edil del PP, Óscar Fidalgo, continúa sin concretarse. Ante tal tesitura, la decisión del partido que en Palma dirige el concejal Fulgencio Coll ha sido la de negociar con el concejal de Urbanismo el plazo máximo para su puesta en funcionamiento, que ha quedado fijado para el próximo 1 de junio.

Desde Vox consideran que «ya se ha perdido demasiado tiempo» y por ello el grupo municipal de esta formación que lidera Coll no se pronuncia sobre si tendrían que ser funcionarios municipales o bien abogados designados por el ente colegial los que se encargaran de asesorar a los propietarios de viviendas con okupas o inquiokupas.

Llama la atención que el Ayuntamiento no haya encontrado, o no haya podido destinar, dos abogados públicos en una plantilla municipal con decenas de letrados contratados y repartidos por las diferentes concejalías, empresas y organismos municipales, y se haya planteado la opción de firmar un convenio con la entidad colegial para poder incorporarlos.

Lo que sí recuerdan desde Vox es que la creación de este servicio municipal es «irrenunciable» y de no habilitarse, el gobierno en minoría del PP del alcalde Jaime Martínez tendrá «serios problemas» con el grupo municipal de Vox, cuyos seis concejales son imprescindibles para sacar adelante cualquier acuerdo que requiera su refrendo por el pleno, ya sean los próximos presupuestos de 2026, medidas urbanísticas o cualquier ordenanza municipal.

En esta oficina, además, el Ayuntamiento habilitará un punto de recogida de denuncias relacionadas con el alquiler turístico ilegal. Será la primera oficina de información que se crea en Mallorca orientada a la lucha contra este fenómeno, con el objetivo de amortiguar los precios del alquiler y disuadir a los propietarios de dichos inmuebles a destinarlos sólo al alquiler de temporada, incentivando que se ofrezcan al alquiler de larga duración.

Los que no están precisamente preocupados por el retraso en la puesta en marcha de este servicio municipal son los partidos del anterior gobierno municipal de izquierdas, ahora en la oposición. PSOE, Més y Podemos, desde el primer día, han criticado su apertura que para ellos responde «exclusivamente a los intereses de Vox», negando por tanto la incidencia real de esta lacra social en los propietarios de viviendas en Palma.

Según el portavoz socialista, Xisco Ducrós, esta oficina responde «más a un eslogan político que a una herramienta eficaz» y demostraría el nulo interés del PP y Vox por desarrollar medidas reales para afrontar la crisis de vivienda.

Y en la misma línea, los independentistas de Més rechazan centrar la política de vivienda en la antiokupación porque «el foco se debería poner en la especulación, que es la que expulsa a los residentes».