El Supremo ratifica los 9 años de cárcel para unos okupas de Palma por exigir 8.000 euros a un promotor

El Tribunal Supremo ha ratificado una condena de nueve años de cárcel para cuatro okupas de Mallorca que, tras entrar en unos pisos a estrenar a punto de entregarse, exigieron al promotor hasta 8.000 euros a cambio de marcharse.

Por estos hechos, los acusados, tres hombres y una mujer, fueron condenados en 2021 por un Juzgado de Palma por un delito de extorsión. La sentencia de instancia les impuso penas individuales de dos y tres años de cárcel por ese delito y también les condenó al pago de multas por usurpación de bien inmueble.

A esas penas el Juzgado sumó nueve meses de prisión por integración en grupo criminal, aunque tras un recurso de las defensas, la Audiencia Provincial les absolvió de este último delito entendiendo que se trataba de un supuesto de codelincuencia.

Con todo, los acusados presentaron un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía y la víctima, representada por el abogado Carlos Barceló en el procedimiento, se opusieron a ese recurso.

Los magistrados del Supremo no han admitido a trámite las peticiones de los okupas al considerar que sus recursos carecen de interés casacional, recoge Europa Press. Además de imponer las costas a los acusados, confirman así la condena por el delito de extorsión, la primera de este tipo en España por un caso de okupación.

Los hechos se remontan a mayo de 2019. Los acusados -todos ellos con antecedentes penales por delitos de distinta naturaleza- se pusieron de acuerdo para ocupar una finca en Palma, en la que se acababan de construir viviendas nuevas que estaban a punto de ser entregadas a los compradores. Sólo faltaban por instalar las cocinas y los electrodomésticos.

Los okupas forzaron el bombín de las puertas de acceso al edificio y en un cajetín se hicieron con el manojo de llaves que había dejado un carpintero. Con esas llaves pudieron entrar en las viviendas e instalarse en ellas.

Los apartamentos eran todavía propiedad de la promotora y cuando detectó lo ocurrido, su responsable se personó en el inmueble y trató de convencer a los okupas para que se fueran. Les ofreció inicialmente 500 euros, y posteriormente 1.000 euros a cada uno, para persuadirles.

Sin embargo, los okupas le exigieron más dinero. Le advirtieron que si no les pagaba más no se irían y que terminaría pagando «por las buenas o por las malas», que «montarían un pollo» y que «llamarían a la prensa», según recoge la sentencia.

El promotor llamó a la Policía, y los agentes identificaron a tres de los acusados. El empresario incluso contrató los servicios de una empresa de detectives para tratar de encontrar una salida. Finalmente, a través de uno de los empleados, los okupas exigieron 8.000 euros para desokupar las viviendas.

Temiendo que los delincuentes llamaran a más personas para okupar el resto de pisos -que el promotor tenía que entregar en fechas próximas-, o que causaran daños en los inmuebles, la víctima entregó el dinero. Una vez que hubieron cobrado, los okupas recogieron sus cosas y se marcharon todos en un vehículo. Tras su partida la promotora constató desperfectos por valor de 6.000 euros.