El PSOE exige al alcalde del PP de Palma invertir 30 millones en vivienda tras cruzarse 8 años de brazos

El PSOE exige al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, invertir 30 millones en la adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler asequible, tras cruzarse 8 años de brazos las dos pasadas legislaturas donde estuvo gobernando en la capital balear.

Ahora los socialistas han presentado un paquete de seis medidas que no pusieron en marcha cuando manejaban los presupuestos municipales, donde exigen, entre otras cuestiones, al gobierno municipal del PP que en el plazo de tres meses presente un plan para la construcción de vivienda íntegramente pública y protegida.

También desde la oposición reclaman al primer edil restablecer el proceso de cesión de viviendas públicas a familias en situación de emergencia residencial, paralizar el proceso de disolución del Patronato de la Vivienda y presentar, en un plazo de dos meses, una planificación que garantice un servicio público municipal de vivienda, asegurando un aumento de los recursos personales y económicos, siempre con pleno respeto a los derechos y condiciones laborales de los trabajadores municipales.

También los socialistas aprovechan esta moción que presentarán en el pleno del presente mes de febrero para exigir retirar el proyecto de ordenanza cívica, paralizando cualquier iniciativa que criminalice a las personas que viven en caravanas o infraviviendas, garantizando el respeto a los derechos humanos y la coordinación con las administraciones para encontrar soluciones dignas y, por último, declarar Palma zona de mercado residencial tensionado.

Para el portavoz municipal de los socialistas, Xisco Ducrós, «el actual equipo de gobierno municipal no está aportando soluciones reales ni escuchando a la ciudadanía».

Más bien al contrario, según el PSOE, para quien el equipo de gobierno está impulsando normativas que persiguen a aquellos que no pueden acceder a una vivienda en lugar de apoyarlos. «La ordenanza de convivencia cívica es un claro ejemplo, sancionando personas que se ven obligadas a vivir en caravanas», ha señalado el portavoz.

«Es urgente que el Ayuntamiento actúe con firmeza para garantizar el derecho en la vivienda, aplicando políticas públicas valientes y destinando recursos suficientes a esta emergencia. Hay que impulsar medidas estructurales que permitan ampliar el parque de vivienda pública, regular los precios del alquiler y evitar que más personas se vean abocadas a situaciones de vulnerabilidad extrema», ha explicado Ducrós.

Los socialistas justifican sus propuestas en datos como el ascenso del precio medio del metro cuadrado en Palma hasta los 2.929 euros, los incrementos cercanos al 30% de los alquileres y las habitaciones con precios que en algunos casos llegan a los 900 euros al mes.

Hay que recordar que los socialistas presentaron 76 enmiendas a los presupuestos de este ejercicio que fueron rechazadas y en las que incluían estas iniciativas en materia de vivienda. Además de estos 30 millones de euros para comprar viviendas, con los cuales se podrían adquirir más de 80 viviendas y se incrementaría el parque público municipal de viviendas en un 16%, exigieron la reconversión de la Oficina Antiokupación en una Oficina Antidesahucios y de ayuda a los inquilinos y la recuperación de las subvenciones para la rehabilitación de los barrios vulnerables dotadas con cuatro millones de euros.