Las primicias de OKDIARIO sobre el ‘caso Koldo’ en Baleares que investigará el Parlament

Con un sinfín de preguntas sin resolver en el caso de las mascarillas fake por las que el Govern de la socialista Francina Armengol pagó a la trama del caso Koldo 3,7 millones de euros, una de las claves principales que está sobre la mesa es por qué la actual presidenta del Congreso dio su conformidad al lote de material sanitario adquirido a Soluciones de Gestión S.L. pese a saber que no cumplía los requisitos.

El Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) dio el visto bueno el 12 de agosto de 2020 a las mascarillas, a pesar de que ya había recibido en junio los resultados de los análisis, constatando que el material adquirido no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2 y que, por tanto, eran fraudulentas.

¿Por qué no exigió en ese momento la devolución del millonario desembolso y en vez de eso dio un certificado de conformidad en 2020 y presentó la reclamación a la empresa tres años después, el día antes de que Armengol abandonara el Consolat de Mar el 6 de julio de 2023?

Como reveló este periódico, Armengol pagó de una tacada a la empresa clave de la trama del caso Koldo los 3,7 millones sin haber formalizado tan siquiera el contrato para su compra, sin saber si eran o no válidas y tras una llamada telefónica de una compañía que nunca antes le había suministrado material sanitario al IB-Salut.

Fue el 25 de abril de 2020 cuando Iñigo Rotaetxe, titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, remitió el ofrecimiento de las mascarillas al alto cargo socialista Manuel Palomino, director de Gestión y Presupuestos de la Conselleria de Salud. Fue aceptado el mismo día y se iniciaron los trámites para el desembolso del millonario contrato  «independientemente del resultado de los análisis» de calidad de las mascarillas.

Así lo reconoce el subdirector de Compras y Logística, Antonio Mascaró, en el informe de julio de 2023 que ampara la reclamación del Govern de Armengol ya en funciones tres años después.

Si el 25 de abril se compran las mascarillas, Armengol las paga apenas 10 días después, el 5 de mayo de 2020, tal y como revela un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Sin embargo, el Servicio de Salud de Baleares no formalizó la contratación para la adquisición de las mascarillas que resultaron fraudulentas hasta tres días después, el 8 de mayo de 2020.

¿Por qué tantas prisas para pagar a un proveedor, cuando el resto de empresas que trabajaban con la Comunidad Autónoma tardaban más de un mes sin cobrar, y sin tan siquiera saber el estado ni la calidad del producto adquirido?

Hay que recordar que no fue hasta 43 días después de su llegada a Palma, una vez pagado el contrato millonario por el Govern, cuando el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) remitió el análisis de las mascarillas que había comprado Armengol a la empresa clave de la trama del caso Koldo.

Las mascarillas fraudulentas llegadas desde Shanghái a Baleares fueron uno de los 15 vuelos de adquisición de material sanitario que el Govern de Armengol contrató entre el 27 de marzo y el 10 de junio de 2020 y por los que abonó, en total, siete millones de euros, más del doble de lo que costaba su transporte aéreo, cifrado en tres millones de euros.

¿Por qué se pagó ese sobrecoste, si tenemos en cuenta el contexto en el que se produjo: en plena pandemia, con la demanda de billetes cayendo estrepitosamente como consecuencia de las medidas de cierre de fronteras adoptada por muchos países y la prohibición de viajar?

Y más teniendo en cuenta «la posición estratégica de Baleares en este ámbito, la multitud de compañías que operan en nuestros aeropuertos, y sin necesidad de contratar un intermediario, para encontrar las compañías que pudieran hacer el transporte», como indicó en un informe el director de la Oficina Antifraude, Jaume Far.

No estaría de más que alguien del anterior Govern socialista, quizás la propia Armengol, diera las razones por las que se ocultó a la citada Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción de las Islas Baleares este presunto fraude de dinero público por los 1,4 millones de mascarillas fake, ni tampoco estaría de más saber si la entonces directora de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, y ex diputada socialista, Lourdes Aguiló, conocía algo al respecto.

Según ella, «los contratos se han cumplido, las cualidades de las remesas enviadas a Baleares han sido comprobadas por la Conselleria de Salud» y para colmo aseguró en octubre de 2020 que no había «indicios de que ni el IB-Salut ni la Conselleria de Salud y Consumo, ni ningún otro órgano de la Administración autonómica, hayan caído en manos de ningún desaprensivo» en la compra de material sanitario durante la pandemia. ¿Sostendría hoy Aguiló esa afirmación?