PP y Vox ya van de la mano para derogar la ley de memoria democrática de Baleares

El Parlament, con los votos a favor del PP y Vox, ha tomado en consideración la proposición de ley para derogar la ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares. La Cámara autonómica ha debatido en el pleno de este martes la iniciativa impulsada por los de Santiago Abascal, a la que se han opuesto todos los grupos de la izquierda y el diputado de Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba.

La proposición de ley deberá ahora seguir con su tramitación parlamentaria para después ser aprobada de forma definitiva si recibe los apoyos necesarios.

El texto contempla la disolución de las comisiones, organismos e instituciones creadas en virtud de la ley y la caída de todos los procedimientos iniciados y no concluidos, a excepción de los procesos de exhumación.

Es la segunda vez que el intento de Vox de derogar la ley de memoria llega al plenario. En la primera, a finales del año pasado, el PP tumbó la propuesta a cambio de que la izquierda permitiera la aprobación del decreto de zonas inundables y del que corregía los errores introducidos en la ley de simplificación administrativa.

No obstante, los ‘populares’ y los de Santiago Abascal, a finales de mayo, acordaron derogar esta ley en el marco de sus negociaciones para sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2025.

Es por ello que la toma en consideración de la derogación de la ley de memoria, aprobada en 2018, ha provocado que la izquierda haya acusado a la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, de incumplir su palabra.

El primero en intervenir en el debate ha sido el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, quien ha calificado la ley de memoria democrática como una «absolutamente injusta»

«Dice cómo tenemos que pensar, qué podemos decir o no decir y atenernos a sanciones o a la cárcel si nos atrevemos a ir en contra de las verdades históricas que ustedes manifiestan y a su historia de buenos y malos», ha dicho.

Rodríguez ha hecho un repaso de varios episodios ocurridos durante la Segunda República, entre los que ha destacado la «falta de libertad» o la «quema de más de 100 iglesias y conventos», y ha acusado a la izquierda de intentar «cubrir su pasado con las manos teñidas de sangre» con esta normativa.

Además, ha preguntado a la izquierda si considera que es «incompatible» que «los muertos inocentes de uno y otro bando» puedan ser igualmente recordados.

«Intentan reescribir la historia haciéndonos creer que había buenos y malos, y no los había. Y ahora pretenden privar de cualquier honor y reconocimiento a personas que hicieron mucho para la grandeza y el desarrollo de España», ha sentenciado.

La diputada del PP Cristina Gil ha sostenido que las leyes de memoria «implican una intromisión del Estado en la conciencia, dicen qué pensar y censuran a los historiadores».

«Sacralizan un único discurso, una parte de la historia que convierten en intocable, un relato oficial que es más propio de dictaduras que de democracias. El ministerio de la verdad», ha dicho.

La ‘popular’ ha defendido que la postura de su partido respecto a la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares «siempre ha sido la misma», algo que la bancada de la izquierda le ha negado con gestos.

«La única memoria que vamos a apoyar es la reivindicación de la defensa de los valores democráticos. Nunca entenderemos la instrumentalización de ello como estrategia política», ha subrayado Gil.

Además, ha acusado a la izquierda de «usar el comodín del franquismo para no poner el foco político en cuestiones que están resquebrajando los principios de la Constitución con el riesgo de que la historia se repita».

La diputada del PP ha recordado el compromiso del Govern de seguir impulsando la ley de fosas para «apoyar la recuperación por parte de las familias de sus muertos y su digna sepultura» y ha reiterado el «profundo respeto» de su partido hacia todas las personas que sufrieron violencia durante la Guerra Civil.

El diputado del PSOE, Omar Lamin, por su parte, ha considerado que la ley cuya derogación ha comenzado su tramitación este martes «representa lo que somos, un pueblo de memoria, justicia y reparación».