Vox logra que el español también sea lengua vehicular en la Educación en el pacto de los Presupuestos
Acuerda con el PP modificar por primera vez la Ley balear de Educación para incluir el castellano
El Govern promocionará las modalidades lingüísticas propias de cada isla en las aulas
Garantizan a los padres el derecho a la elección de primera lengua de enseñanza de sus hijos


Vox ha logrado que en Baleares el español también sea lengua vehicular en la Educación. Se trata de una de las medidas más significativas del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo en minoría del PP, para aprobar los Presupuestos autonómicos para 2025. Un pacto que incluye avances clave para acabar con la imposición del catalán en las aulas y la exclusión del español, como sucedía durante las dos pasadas legislaturas del Govern de la socialista Francina Armengol.
Entre otras cuestiones ambos partidos han acordado modificar por primera vez la Ley balear de Educación para incluir la vehicularidad de las dos lenguas cooficiales y la promoción de las modalidades lingüísticas propias de cada isla con el fin de garantizar el conocimiento del español en el sistema educativo. Desde la pasada legislatura sólo el catalán, y no el español, lo era, sin que hasta la fecha el Govern en minoría del PP de Marga Prohens lo hubiera modificado, generando un gran malestar en Vox.
Otro de los puntos del acuerdo es que el Ejecutivo se compromete a avanzar en el plan piloto voluntario de elección de lengua, reservando y ejecutando los recursos suficientes para su aplicación en Educación Primaria, cosa que hasta ahora ya había iniciado su andadura pero extendiéndolo a Secundaria el curso 2025-2026, cumpliendo así con el acuerdo alcanzado con Vox en noviembre de 2023 e informando de su desarrollo y resultados.
En este sentido, el Govern garantizará los recursos necesarios al plan piloto voluntario de elección de lengua para facilitar la adhesión de los centros educativos y que dispongan de todos los recursos para las adaptaciones necesarias. Por ello, Vox ha logrado que el PP se comprometa a fomentar la adhesión de al menos un centro educativo al plan piloto voluntario de elección de lengua en todas las comarcas de las Islas, antes de final de legislatura, para que todos los padres puedan elegir la lengua de enseñanza sin necesidad de sacar a sus hijos de su entorno de residencia.
Hasta la fecha, ningún centro público se ha adherido dada la oposición manifiesta de la dirección y claustros de los centros, afines a sindicatos y partidos del ámbito del independentismo catalán, a aceptar que los padres puedan elegir la lengua de enseñanza de sus hijos.
Por ello, ambos partidos en este acuerdo garantizan a los padres el derecho a la elección de primera lengua de enseñanza de sus hijos recogido en la ley balear de Educación en el formulario de matriculación, ya sea en centros públicos o concertados, tal y como ya se ha incorporado en la nueva orden de admisión emitida por la Conselleria de Educación, y habilitar la posibilidad de poder hacer la matrícula de manera telemática.
En este sentido, el Govern pondrá en marcha una campaña en medios de comunicación durante el proceso de escolarización y matriculación del curso 2025-2026 para informar a las familias de su derecho a la elección de lengua de primera enseñanza entre las dos lenguas cooficiales.
En relación al catalán, la Conselleria de Educación rebajará la nota necesaria al finalizar ESO y Bachillerato para obtener el título B2 y C1 respectivamente, a la nota requerida por los criterios del marco europeo de lenguas de referencia.
Así se garantizará la efectiva obtención del título de catalán por parte de los alumnos que cursan un año académico fuera de España, siempre que no sea el último curso de la respectiva etapa educativa.
El pacto incluye también que en aquellas oposiciones para plazas docentes de muy difícil cobertura solo se deba acreditar el conocimiento de catalán una vez obtenida la plaza con el objetivo de cubrir las plantillas docentes.
En el ámbito de la Administración en relación a la política lingüística la principal novedad es que el catalán no debe penalizar en el acceso a bolsas públicas de trabajo. Por ello el Ejecutivo de Prohens analizará las categorías, cuerpos, escalas y puestos de trabajo que no sean de atención al público para la rebaja o exención del nivel lingüístico exigido.
Finalmente, el personal que se ha estabilizado sin tener el nivel de catalán en su momento requerido, y que dispone de un plazo de dos años para obtener la titulación correspondiente no sea removido de su puesto de trabajo, ampliándose el plazo a cuatro años y otorgando la oportunidad de sacar la titulación.