El PP contrapone su plan de vivienda tasada a los 3.000 chalets con piscina en suelo rústico de Armengol

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido este lunes la ley de obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares y ha asegurado que «paliará el problema de la vivienda». Contrapone su plan de «soluciones» a los barrios de viviendas de lujo y la construcción de 3.000 chalets con piscina que permitió el Govern de Francina Armengol durante su mandato.

El debate ha comenzado con varios minutos de retraso después de que la Mesa de la Cámara se haya reunido para tratar un escrito de los grupos de izquierda que reclamaban la suspensión del pleno por deficiencias en la tramitación, extremo que finalmente ha sido rechazado.

En la defensa de la norma, Mateo ha insistido en que las viviendas que surjan a partir de esta ley serán para residentes con el requisito de cinco años de residencia para todas las viviendas de régimen protegido que prevé esta ley para todas las viviendas de régimen protegido que prevé esta ley. «Esta ley no prevé aumentar la presión demográfica, como falsamente difunden, sino ofrecer vivienda a quienes ya viven aquí. ¡Vivienda para la gente de aquí!», ha reiterado.

La ley, ha añadido, facilita más vivienda sometida a régimen de protección. Por un lado, ha explicado, vivienda protegida de promoción pública y, por otro lado, la vivienda de precio limitado, por debajo también de los precios de mercado y que complementa la vivienda social, «para dar respuesta amplia a las necesidades de diferentes sectores de la población residente afectados por el problema de la vivienda».

José Luis Mateo ha contrapuesto la ley contra lo que ha llamado el modelo de la izquierda «que permitió el desarrollo del barrio de viviendas de lujo de Nou Llevant, o construir 3.000 chalets con piscina en suelo rústico sólo en Mallorca».

El conseller ha indicado que la figura de los Proyectos residenciales estratégicos garantiza que la mitad de su edificabilidad, en suelos urbanos y urbanizables, un 50 por ciento, se destinará a vivienda sometida a algún régimen de protección, tanto vivienda pública como de precio limitado. Además, garantiza que un 15 por ciento del aprovechamiento en los proyectos deberá ser cedido al Ayuntamiento del municipio para vivienda en régimen de protección.

Los PRE, ha añadido, reducirán los plazos, pasando de los más de diez años actuales a un periodo más corto, estimado entre año y medio y dos años, ya que tendrán una tramitación urgente, un único procedimiento para tramitar el plan de ordenación, el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización.

En relación a estas áreas de transición, el conseller ha explicado que la decisión se deja la decisión en manos del pleno de cada ayuntamiento.

«La ley de la izquierda en 2008 permitía construir en áreas de transición en todos los municipios de las islas. Ahora se da esa posibilidad a 13 municipios, a los de más población, y bajo limitaciones», ha recordado. Mateo ha acusado a la izquierda de orquestar una campaña «para confundir» en relación a estas medidas.

«Donde ustedes dejaron proliferar barrios de lujo o barrios de caravanas y de asentamientos ilegales, nosotros ponemos las herramientas para hacer vivienda para las familias, para los jóvenes, para las rentas medias de estas Islas», ha afirmado.

Mateo ha reiterado que el uso de áreas de transición queda limitado a los municipios de más de 20.000 habitantes y siempre cuando el ayuntamiento apruebe la medida, y dentro de una serie de limitaciones y requisitos.

Entre otros requisitos, estos municipios tendrán que haber agotado antes los suelos urbanos y urbanizables o acreditar la imposibilidad de hacer los PRE en urbanizables, teniendo que justificar las circunstancias que técnica, económica o urbanísticamente imposibiliten la transformación de estos suelos.

La izquierda llevará la Ley ante el Constitucional

El pleno del Parlament ha aprobado este lunes la Ley de obtención de suelo mediante el desarrollo de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) entre críticas de irregularidades en la tramitación por parte de la izquierda, que ya ha adelantado su intención de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de los parlamentarios.

La norma, sacada adelante por PP y Vox, declara Baleares en situación de emergencia habitacional y prevé ante este escenario el desarrollo de los PRE en las áreas de transición –suelo rústico– de Palma y municipios de más de 20.000 habitantes, así como en el suelo urbano o urbanizable en los de más de 10.000 habitantes.

Además, PP y Vox han pactado vía enmiendas que se pueda utilizar el suelo rústico sin agotar el urbanizable y ampliar las legalizaciones en rústico en la Serra de Tramuntana –suelo protegido– con un plazo de prescripción de ocho años.

La norma se ha aprobado con polémica y entre protestas a las puertas del Parlament de asociaciones y colectivos, entre ellos el GOB y la Federació de Veïns de Palma, contra «las políticas totalmente desreguladoras y ultraneoliberales» que impulsan PP y Vox.

La izquierda, por su parte, ha reclamado la suspensión del pleno alertando de irregularidades en la tramitación y entendiendo que el texto que finalmente se ha votado y aprobado no se ajusta al debatido en ponencia y han puesto como ejemplo la aparición en el dictamen de un artículo, el 7, que había sido eliminado en ponencia.

Tras el debate y antes de la votación, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha pedido que se aclare esta cuestión, al considerarla especialmente grave. «En comisión no se votó el artículo 7 bis y ahora en el seguimiento aparece el 7 bis y no se ha votado en comisión, lo cual supone un incumplimiento grave y al menos quiero que conste en acta por lo que pueda suponer efectos de recursos», ha indicado.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha pedido la lectura de uno de los artículos para, en virtud del reglamento, «ilustrar» a los diputados en lo que se está votando. La secretaria de la Mesa ha leído el artículo. Tras esto, los portavoces de Més per Mallorca y PSIB, Lluís Apesteguia y Iago Negueruela, han solicitado que para aclarar, a efectos del previsible recurso ante el TC, qué diputados han visto vulnerados sus derechos, han pedido votación por llamamiento de los artículos objeto de la polémica, el 7 y el 7 bis.

La norma finalmente, ha sido votada con normalidad, y en último lugar, por llamamiento se han votado el 7 y el 7 bis conjuntamente. Curiosamente, Apesteguia ha votado primero ‘sí’, aunque inmediatamente ha rectificado, lo que ha motivado las risas del resto de diputados.

El debate tiene lugar mientras a las puertas de la Cámara se ha convocado una protesta contra la norma.