Pimem alerta a Pedro Sánchez del «despropósito» total que provocará la reducción de la jornada laboral

La Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la reducción de la jornada laboral «es un despropósito por la baja productividad a nivel nacional, y por el modelo de estructura económica que tiene Baleares».

En un comunicado, la patronal mallorquina ha opinado que «no se pueden tomar medidas que afecten a las empresas sin estudios y análisis que avalen las decisiones políticas, y mucho menos, sin un debate de consenso que dé estabilidad a largo plazo».

En esta línea, han sostenido que la reducción de la jornada «es un error tanto en las formas como en el fondo», porque un contexto «de tanta tensión ideológica no es el mejor escenario para proclamas laborales y sin un mínimo debate entre los actores que más pueden sufrir estas medidas».

Sobre el fondo, la patronal ha recordado que en su momento avisaron que la reducción era «un error» porque «de lo que se trata es de tomar decisiones en función de la productividad, y en el caso de la española es de las más bajas de Europa». Además, fijar la medida en el tejido balear «es todavía un despropósito más grande», han insistido.

«La Federación ve un error querer implantar esta medida en una economía en la que sus pymes están sometidas a una fuerte dependencia turística y, por tanto, con repuntes de jornadas laborales muy intensas», han remarcado desde Pimem, reiterando que este contexto obliga a muchos pequeños empresarios «a hacer uso de más horas para cumplir las exigencias de mercado y, por tanto, lejos de charlar de reducciones de jornadas laborales, debe plantearse un encaje de cómo cubrir de la mejor manera posible las jornadas que existen durante una determinada época del año», han aconsejado.

Fuera de la reducción de la jornada laboral pero dentro de los mismos puntos negociados por el Ejecutivo, Pimem también ha expresado su desacuerdo en el incremento del coste de despido (de 33 días a 45 días) y ha rechazado «de lleno» los salarios de tramitación.

Con todo, la federación ha esperado y confiado en que el Gobierno se ponga a trabajar en dos direcciones. La primera, han explicado, es la de un «compromiso inmediato y consensuado» para que las pymes españolas tengan una representación real dentro de las mesas de diálogo social y empresarial a nivel estatal «y salir de esa anomalía que sólo se da España».

La segunda es la puesta en marcha de los mecanismos para perseguir la morosidad de grandes empresas e instituciones a la hora de pagar a las pymes. En este sentido, la patronal mallorquina ha exigido un régimen sancionador a quien no cumpla los días de pago en las pymes españolas y que ya marca la ley.