El interventor rechaza que Palma no cobre el IBI a los dueños de pisos con okupas como aprobó el pleno

El interventor rechaza que Palma no cobre el IBI a los propietarios de pisos con okupas, como aprobó el pleno municipal en enero con los votos a favor del gobierno en minoría del PP que avaló esta iniciativa de su socio programático de Vox.

El encargado de fiscalizar las cuentas municipales ha alegado la imposibilidad de materializar este acuerdo político por las múltiples dificultades legales de condonar el desembolso del principal impuesto municipal en términos de recaudación, en torno a 140 millones, dado que se trata de un tributo de gestión compartida entre la Administración del Estado y los ayuntamientos, pues su exigencia gira en torno al valor catastral.

Por un lado, la decisión tendría que ser asumida por ambas administraciones, algo que sería de muy complicada concreción, a lo que hay que añadir que se trata de un impuesto de carácter anual, por lo que si la okupación de la vivienda dura tres meses, seis o 10, sería de imposible encaje legal esta exención tributaria.

Por ello, una de las cuestiones que está en estos momentos sobre la mesa de ambos partidos es la posibilidad de compensar económicamente a los propietarios de pisos con okupas, mientras se tramita el desahucio de inquilinos y el desalojo de ocupantes irregulares de sus viviendas.

En Palma y en no pocos municipios de Mallorca y Baleares en general se están dando múltiples casos de viviendas okupadas, situación que provoca un grave perjuicio a sus propietarios. En ciertos casos, además, son ciudadanos que ven mermados unos ingresos que son el sustento de su jubilación, con el agravante de la dilación temporal en la resolución judicial de sus demandas por okupación.

Hay que recordar que los propietarios de pisos con okupas o inquiokupas tienen que continuar pagando los servicios esenciales de luz, agua y demás gastos comunitarios, lo que provoca un grave perjuicio para los titulares de la vivienda.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Palma no ha podido concretar ni materializar compensación económica alguna a este respecto por el momento, pese a que se trata de una decisión compartida por ambas formaciones políticas, que se han puesto manos a la obra para hacer frente a la lacra de la okupación.

El más claro ejemplo al respecto es que esta misma semana ambos partidos presentaban la nueva Oficina de Atención Integral a la Vivienda y Antiokupación que contará con personal municipal, del Govern, Consell de Mallorca y los colegios de abogados y de administradores de fincas.

Los ciudadanos podrán disponer allí una vez abierta antes de final de año, de una asistencia jurídica en temas de vivienda y okupación. El Colegio de Abogados ha puesto a disposición de esta oficina municipal dos abogados colegiados, cinco días a la semana, que asesorarán jurídicamente en estos asuntos e informarán de los recursos legales a los que tienen derecho los usuarios a los que se les ha ocupado una propiedad.

Además de la asistencia letrada, el Colegio de Administradores de Fincas informará de las okupaciones que se produzcan en viviendas en todas aquellas comunidades de vecinos que gestionan.

Cabe recordar que en esta línea el pleno municipal aprobó el pasado mes de julio la puesta en marcha de un protocolo de actuación ante las okupaciones que contempla la coordinación con las áreas de Urbanismo, Asuntos Sociales y Policía Local.

Otra de las prioridades de esta oficina será la lucha contra el alquiler turístico ilegal por lo que el Consell de Mallorca aporta una persona que ofrecerá información sobre este fenómeno y recibirá las denuncias que puedan producirse sobre esta práctica, convirtiéndose en la primera oficina de información que se crea en Mallorca en este sentido.