La Guardia Civil irrumpe en el Ayuntamiento de Ciudadela por la sobreexplotación ilegal de un pozo

La Guardia Civil ha intervenido esta semana con autorización judicial el Ayuntamiento de Ciudadela en una operación que investiga la presunta sobreexplotación de un pozo sin autorización durante años para abastecer al municipio. También se investigan otras captaciones de agua de forma ilegal por parte del Ayuntamiento. La investigación se inició a raíz de la denuncia de una empresa privada.

Dos inspectores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se desplazaron este martes desde la Comandancia de Palma y se personaron en el Ayuntamiento vestidos de paisano. Los agentes pidieron y requisaron documentación e interrogaron a diverso personal público. La todavía  alcaldesa Joana María Pons, ahora pendiente de una moción de censura por parte de la izquierda, fue interrogada en su despacho como testigo.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que agentes del Seprona se personaron en la sede del Ayuntamiento para requerir documentación y tomar declaración. La testifical se practicó en el edificio consistorial y los agentes también se entrevistaron con un técnico.

El Ayuntamiento tuvo conocimiento de las diligencias en la anterior legislatura, con los primeros requerimientos del Seprona. De hecho, según las fuentes consultadas, al menos uno de los responsables del equipo de gobierno previo del pacto de izquierdas figura como investigado y se le tomó declaración. Con todo, no se informó a la oposición.

Desde el consistorio han confirmado este jueves que agentes del Seprona se personaron hace unos días en la sede del Ayuntamiento para requerir documentación y tomar declaración -en calidad de testigo- a la alcaldesa, Joana Mari Pons.

Los hechos que se investigan tienen su origen en la denuncia de una empresa especializada en extracción de gravas y arenas, propietaria de la finca donde se ubican los pozos de Arenes de Dalt. Con todo, los pozos son titularidad del Ayuntamiento en virtud de un convenio firmado años atrás.

Según han indicado fuentes del proceso, la empresa denunció hace unos años que el Ayuntamiento habría estado sobreexplotando el pozo con extracciones de agua desorbitadas hasta convertir la masa en agua salada.

Para ello el Ayuntamiento habría colocado la bomba 30 metros por debajo del nivel correspondiente. Esta práctica facilita la intrusión marina y además puede afectar a los pozos de los alrededores. Además, posteriormente la empresa descubrió que se habría estado explotando el recurso sin la debida autorización durante al menos 14 años.

El Gob Menorca han lamentado la situación recordando que la salinización de acuíferos ha ocurrido en otros pozos de Ciutadella y que la localidad cuenta con una desaladora. Censuran que esta infraestructura no se estaría aprovechando en su totalidad debido a su mayor coste económico.

Para el grupo ecologista, que considera el problema una consecuencia de la masificación turística sobre Menorca, el escenario no invita al optimismo dado el crecimiento esperado en el municipio.

Según informa Es Diari,  la  investigación al Ayuntamiento de Ciudadela se habría iniciado en el año 2021 y a raíz de la triple denuncia que interpuso el empresario Valeriano Allés por el uso municipal sin autorización de dos pozos de la finca de Ses Arenes de Dalt, de su propiedad. En 2021 el Ayuntamiento lo gobernaba la izquierda.

La Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear abrió expediente sancionador contra el Ayuntamiento por hacer caso omiso a la normativa que regula la extracción de las aguas subterráneas y la Conselleria de Sanidad desautorizó asimismo el suministro del agua para consumo humano.

La Guardia Civil ha requerido igualmente documentación en repetidas ocasiones a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, en concreto a la Agencia Balear del  Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua), que ha atendido la petición de los inspectores.