El Govern insiste en legalizar viviendas en zonas inundables si se hacen obras para minimizar riesgos

El Govern balear que preside la popular Marga Prohens insiste en legalizar viviendas en zonas inundables si se hacen obras para minimizar riesgos. Así lo ha asegurado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha defendido que, a juicio del Ejecutivo, «lo más conveniente» es que estas viviendas se puedan legalizar a cambio de ejecutar obras para minimizar los riesgos.

«Si no se hace nada, seguirán estando allí y parece que hay partidos que quieren abandonar a estas personas», ha esgrimido. Costa, en todo caso, ha recordado que «no se puede hacer lo que se quiera» porque hay un plan hidrológico vigente.

El portavoz del Ejecutivo ha defendido la «discreción» en las negociaciones para que lleguen a buen puerto, aunque se ha mostrado partidario de una negociación en sentido amplio y ha pedido que la posibilidad de que no se alcance un acuerdo en cuanto a la legalización de viviendas no afecte a los otros artículos sobre los que se está negociando. El portavoz ha revelado que los grupos parlamentarios «están intercambiando redacciones y posibilidades».

Asimismo, durante la rueda de prensa, Costa ha dicho que desconocía si finalmente el decreto de simplificación irá al pleno del próximo martes.

Desde la oposición el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, acusaba esta semana a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de «poner en peligro la vida de las personas» criticando la «falta de compromiso» de la líder del Ejecutivo a la hora de negociar la prohibición de construir o legalizar viviendas en zonas inundables. Algo que los socialistas no hicieron durante los ocho años que han estado gobernando en Baleares y donde no movieron ficha en esta cuestión.

La oposición ahora exige excluir de la «amnistía urbanística» en suelo rústico los edificios que se encuentran en zonas con riesgo de inundación y que no se pueda clasificar nuevo suelo urbanizable en zonas inundables, y además, piden prohibir nuevas construcciones y cambios de uso de bajos comerciales para hacer vivienda en zonas peligrosas.

Igualmente, proponen eliminar la posibilidad de hacer equipamientos públicos y prohibir cualquier actuación en los edificios fuera de ordenación de áreas de riesgo de inundación.