Baleares prohibirá construir en zonas inundables a raíz de la catástrofe de Valencia

Todos los partidos acuerdan darse una semana de plazo para alcanzar un acuerdo conjunto

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Destrozos provocados por la DANA en Valencia. (Foto: Europa Press).

Baleares impedirá construir en zonas inundables, una prohibición motivada por la catástrofe de la DANA en Valencia en la que coinciden todos los partidos del Parlament, que se han dado una semana para alcanzar un pacto sobre las diferencias urbanísticas que aún mantienen.

El pasado 24 de mayo, el Govern de Marga Prohens (PP) aprobó el decreto ley de simplificación administrativa que incluye 170 modificaciones de cincuenta leyes y decretos sobre temas como medio ambiente, urbanismo, energía, educación y turismo.

El decreto permitía la construcción en zonas inundables de Baleares, pero la tragedia de Valencia propició que la presidenta diese marcha atrás y anunciara que se impediría tal posibilidad en el trámite de validación como ley del decreto de mayo, informa Efe.

Baleares sufrió el 9 de octubre de 2018 la riada de Sant Llorenç des Cardassar, que supuso el desbordamiento de su torrente y la muerte de 13 personas.

Estaba previsto que el decreto se aprobase como ley este martes, pero el PP y la oposición se han dado una semana de plazo para tratar de llegar a un acuerdo sobre su contenido.

El portavoz de PSOE, Iago Neguerela, ha pedido a la presidenta que «ponga fecha, día y hora, y no wasaps» para iniciar esta negociación y que, además de a la oposición, también «escuche» y convoque a los técnicos y a los científicos, que son los que realmente conocen esta problemática.

Prohens ha reclamado «capacidad de ceder a unos y a otros» con el fin de llegar a un consenso final y ha defendido que la negociación debe ser «seria y discreta», y no responder a la intención de obtener rédito político en un asunto tan delicado como es la seguridad de los ciudadanos.

Todos los partidos están de acuerdo en que la futura ley debe prohibir cualquier tipo de construcción en zonas inundables, bien sean viviendas, como inicialmente proponía el PP, o servicios públicos como colegios o centros sanitarios, tal y como aprobó la izquierda cuando gobernaba en la pasada legislatura.

La diferencia principal está en que el PP quiere que se legalicen las casas situadas en zonas rústicas inundables una vez que ha prescrito el delito que en su día cometieron quienes las construyeron. Para ello deben pagar una multa y, a continuación, hacer las reformas necesarias para prevenir riesgos en caso de lluvias torrenciales.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha preguntado con insistencia a la presidenta «a quién beneficia» que se legalicen casas rústicas irregulares en zonas inundables y ha augurado que la futura ley de simplificación administrativa será «napalm contra el medioambiente».

Prohens ha defendido la necesidad de proteger a los residentes en esas viviendas y ha insistido en que, también en materia urbanística, los delitos prescriben.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentado que el cambio de la política urbanística del PP se deba a los centenares de muertos que ha causado la DANA de Valencia.

Finalmente, la presidenta ha vuelvo a insistir en el diálogo: «No será por este Govern que no se llegue a un acuerdo».

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