El fiscal desmiente al ex juez y conseller de Podemos Yllanes y acredita la falsificación de un documento

La Fiscalía certifica que el Govern balear que preside la socialista Francina Armengol falsificó un documento público. Así se lo ha comunicado el fiscal Adrián Salazar al Juzgado de Instrucción número 10, que tiene abiertas diligencias contra la Conselleria de Energía que dirige el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, el ex juez Juan Pedro Yllanes, de Podemos.

La Conselleria de Yllanes falsificó un documento público con la finalidad de evitar fuertes sanciones a unas determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en las Islas y para facilitar el archivo de una investigación judicial.

Juan Pedro Yllanes ha desmentido en reiteradas ocasiones en el Parlament que se hubiera falsificado un documento público, a pesar de los informes periciales desvelados por OKDIARIO que así lo demuestran. Ahora ha sido el fiscal quien afirma que en base a la pericial aportada, está acreditada la modificación del documento mediante la firma digital.

También es cierto que el fiscal, en su escrito, pone en duda que esta falsificación del documento haya ocasionado perjuicio al denunciante, que es la empresa del sector náutico Grupo Fabkina. Esta empresa presentó la denuncia porque se vio perjudicada precisamente por la falsificación del mencionado documento.

En la supuesta trama de corrupción denominada Caso Varadero, están implicados de forma directa el vicepresidente de Baleares, Juan Pedro Yllanes, y los altos cargos Manuel Porras, director general de Política Industrial cuando se inició el fraude, y Antonio Morro, su sucesor en el cargo. El caso también salpica a Teresa Relea, una alta funcionaria que firmó un irregular informe jurídico para avalar el archivo del expediente sancionador al conseller de Turismo, Iago Negueruela.

Como ha desvelado este medio, el caso de supuesta corrupción se destapó con la paralización por parte del Govern de unos expedientes sancionadores contra determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que forman PSOE, Podemos y los independentistas de Més per Mallorca.

El Grupo Fabkina presentó una querella por la paralización de los expedientes y los peritos judiciales informáticos analizaron toda la documentación emitida por el departamento de Industria del Ejecutivo balear en relación al Caso Varadero. Tras el análisis minucioso de la documentación registrada de forma informática, los peritos emitieron un extenso informe de 85 páginas al que tuvo acceso OKDIARIO y concluyeron que se había falsificado un documento público.

Las empresas del lobby náutico fueron denunciadas por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente. El Govern se vio obligado a abrir un expediente sancionador que finalmente no se llegó a tramitar. Y fue para evitar la tramitación del expediente que habría supuesto fuertes sanciones a las empresas denunciadas que el Govern procedió a la falsificación de un documento.

Empresas subvencionadas

Los hechos se remontan teóricamente al 29 de julio de 2020 cuando la Conselleria del podemita Juan Pedro Yllanes firmó una resolución por la que se archivan los expedientes sancionadores contra empresas del sector náutico afines al Govern. En realidad, este documento no se firmó el 29 de julio sino que fue creado y firmado el 10 de septiembre del mismo año, según certifica el informe de los peritos judiciales informáticos.

Lo que sucedió es que el 9 de septiembre de 2020 el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la Conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern saca a relucir la resolución por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar y que, por tanto, no hay nada que investigar.

El truco se basó en crear el documento un día después de que el juez solicitara toda la documentación y que se firmara poniendo la fecha 29 de julio.

Al mismo tiempo que sucedía todo esto, el propio Govern estaba concediendo importantes subvenciones a las empresas expedientadas dentro de su programa para potenciar el sector náutico. Lo que no podía pasar en ningún caso es que el Ejecutivo apareciera como financiador de unas empresas que estaban expedientadas por graves infracciones a la normativa sobre seguridad industrial, entre otras.