La ex edil de izquierdas de Vivienda que no hizo ningún piso social en Palma exige ahora uno por familia

La ex concejal de Vivienda del partido separatista Més, Neus Truyol, que no hizo ningún piso social en Palma cuando gobernaba este departamento la pasada legislatura, exige ahora uno por familia al gobierno municipal del PP, en una moción que presentará para su debate en el pleno ordinario del jueves 29 de enero.

Ahora en la oposición, la aún portavoz de Més ha defendido «un giro claro en las políticas de vivienda» para, de este modo, «poner límites a la especulación». «La vivienda no tiene que continuar estando en manos de los negocios especulativos mientras la gente es expulsada de su ciudad. Esto no es una crisis de vivienda, es una estafa habitacional», ha apuntado.

Entre las propuestas destacadas de esta formación que vota sistemáticamente en contra de cualquier iniciativa que penalice la okupación de viviendas, figura desde la creación un contrato indefinido de alquiler, para garantizar la estabilidad y la seguridad de los arrendatarios; aplicar la Ley estatal para limitar los precios de los alquileres y asegurar que las viviendas solo se puedan comprar para residir o para alquilarlas a precio social; proteger las renovaciones de los contratos con protocolos municipales que impidan los abusos; y prohibir cualquier tipo de alquiler turístico en viviendas.

«Regular los precios no es radical. Radical es permitir que en Palma trabajar no sea suficiente para vivir», ha apuntado Truyol, quien ha recordado que «ante esta situación, se tiene que decidir si se defiende a la gente que vive en la ciudad o si se continúa permitiendo que la especulación la eche». «Més per Palma lo tiene claro: la vida tiene que ir por delante del negocio. Y es responsabilidad de las instituciones garantizarla».

La portavoz de Més ha alertado de que «la cuesta de enero durará todo 2026», a raíz de la subida continuada del precio de la cesta de la compra y del encarecimiento de los precios del alquiler, que «están generando una situación de angustia material y emocional entre las familias trabajadoras de la ciudad».

Para la concejala separatista, «esto provoca estrés, ansiedad y dificultades en el rendimiento educativo de los niños y jóvenes». «Cuando una familia tiene que elegir entre llenar la nevera o pagar el alquiler, el problema no es individual: es político. El alcalde no puede permanecer impasible ante este drama», ha subrayado.

Renovación de alquileres

Truyol ha remarcado que durante el 2026 acabarán miles de contratos de alquiler hechos durante la pandemia, que se realizaron a precios más bajos que los actuales. En concreto, ha comentado, en Baleares se calcula que vencen unos 24.500, según el Ministerio Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Palma concentra por su parte cerca del 60% de la demanda de alquiler, lo que, según Truyol, permite estimar que en la ciudad acabarán en el 2026 entre 14.500 y 15.000 contratos de alquiler. Esta situación coloca, a juicio de la portavoz, a entre 30.000 y 40.000 personas en riesgo de quedar en la calle.

«Esto no son números: son familias con miedo de perder su casa a causa de subidas abusivas de los precios. Son desahucios invisibles que no podemos permitir», ha afirmado Truyol.

Además, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la renta media de los propietarios en las Baleares es de 60.700 euros, mientras que la de las personas arrendatarias es de 36.900 euros, lo que, ha advertido Més, supone una brecha del 64% entre los dos sectores sociales.