La izquierda también rechaza que los promotores vayan a edificar en Palma 363 pisos a precio limitado

La izquierda también rechaza que los promotores vayan a edificar en Palma 363 pisos de alquiler a precio limitado, un 30% por debajo del precio real del mercado inmobiliario, tal y como ha anunciado hoy el alcalde del PP de la capital balear, Jaime Martínez, y ha aprobado la Junta de Gobierno.

Después de disparar el precio de la vivienda durante las dos legislaturas que han gobernado en el Govern balear, Ayuntamiento de Palma y Consell de Mallorca, hasta hacer de la capital balear y del conjunto de las Islas, la zona de España con el mercado inmobiliario más caro de toda España, la izquierda rechaza la construcción de estos pisos de alquiler a precio reducido.

Unas viviendas que serán edificadas por promotores en solares municipales, en concreto, en esta primera tanda en seis parcelas de otra media docena de barrios de Palma y que un mínimo del 30% se deben destinar a jóvenes de hasta 35 años; un mínimo del 10%, a mayores de 65 años, y otro porcentaje igual a familias monoparentales.

En sendos comunicados, socialistas de Palma e independentistas de Més criticaron esta iniciativa del alcalde Martínez. El portavoz socialista en el Consistorio palmesano, Xisco Ducrós, ha censurado que para el alcalde el «drama» de la vivienda «no sea una prioridad», por lo que ha reivindicado que estos recursos se deberían destinar a construir vivienda pública.

Desde el PSOE han reivindicado la destinación de una partida presupuestaria de un mínimo de 30 millones de euros para la compra directa de pisos en Palma y han «lamentado» que el alcalde «vuelva a engañar a la ciudadanía», puesto que ha defendido que en la legislatura anterior «se iniciaron proyectos de más de 400 viviendas públicas en Palma».

«No entregarán ni una sola vivienda en esta legislatura, se tardarán más de tres años en construirlas y no se garantizará ni que el mantenimiento sea el adecuado, ni que los precios sean justos y asequibles para la mayoría porque 900 euros por un piso de una habitación es un disparate», ha manifestado Ducrós.

Asimismo, ha reivindicado que en un momento de emergencia habitacional hay que «actuar ya» y declarar Palma como zona tensionada para reducir los precios de alquiler de vivienda, porque, a su juicio, esta decisión «no puede dejarse en manos privadas».

Los independentistas de Més por su parte han asegurado que el plan de vivienda del Ayuntamiento de Palma para construir un total 1.200 pisos a bajo precio es un «regalo a los promotores privados» y, a su juicio, «no es ninguna solución real».

Para su portavoz, Neus Truyol, «no hay garantías claras» para que las viviendas vayan destinadas a las personas que más las necesitan.

«Sin criterios sociales progresivos, una persona con ingresos altos podría acceder, mientras que familias vulnerables quedarían fuera. Ya han hecho una rebaja fiscal para los ricos y ahora faltaría que el Ayuntamiento haga viviendas para quienes más tienen», ha recriminado.

Truyol ha argumentado que los precios anunciados por el alcalde, de entre 739 y 905 euros por un piso de 80 metros cuadrados, son «muy superiores» a los que permitiría la regulación de precios de la Ley de Vivienda estatal, que «el PP se niega a aplicar».

«Un piso en el Coll den Rabassa, con las mismas características, podría tener un alquiler de entre 450 y 750 euros, hasta 300 euros más barato que la propuesta del PP», ha defendido.

En este sentido, la portavoz de Més per Palma ha indicado que también les «preocupa la falta de exigencia» en la calidad y la eficiencia energética de las viviendas.

De este modo, ha aseverado que los promotores podrían construir «barato» para tener «mayores beneficios» si no utilizan materiales duraderos. Por tanto, ha pronosticado en unos años se verán «pisos deteriorados» que «requerirán inversiones públicas millonarias para reformarlos».

«El PP pone los solares públicos al servicio del negocio privado sin ofrecer viviendas a las familias con pocos recursos», ha señalado la representante municipal.

Por último, ha puntualizado que este modelo «no ayuda a los palmesanos», sino que «solo beneficia a los promotores», por lo que la ex concejala de Vivienda ha reclamado políticas «justas, transparentes y que pongan el derecho a la vivienda por delante de los intereses privados».