Los ecologistas celebran que Prohens avale el derribo de un inmueble abandonado en el litoral de Mallorca

Los ecologistas del GOB celebran que la presidenta del Govern balear del PP, Marga Prohens, avale y su Ejecutivo haya dado el visto bueno, al derribo de un inmueble abandonado en el litoral de Mallorca en la zona de dominio público marítimo-terrestre en Cala Oli, Bendinat (Calvià).

La organización ecologista ha valorado «muy positivamente» la autorización de demolición por parte del Govern, destacando que es «un paso importante» en la recuperación del medio natural.

A su criterio, este hecho puede ser un caso aislado, ya que Mallorca está «plagada» de ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre, muchas de las cuales se han consolidado durante años sin el título administrativo correspondiente.

En este sentido, según el GOB, restaurantes, quioscos y otras instalaciones han ocupado espacios públicos sin autorización o incluso con solicitudes denegadas y, a pesar de ello, continúan explotándose con «toda normalidad sin que la administración responsable adopte las medidas necesarias para restablecer la legalidad».

En este caso l actuación afecta a una ocupación del dominio público derivada de una concesión administrativa otorgada en 1963, que fue declarada caducada con posterioridad. Tras la reversión de los terrenos al dominio público, el ámbito ocupado asciende a una superficie de 194,59 metros cuadrados.

La resolución autoriza la demolición y retirada del inmueble y de las estructuras asociadas —entre ellas terrazas y escaleras—, sin que en ningún caso se permita la consolidación de la ocupación ni la construcción de nuevos elementos en el dominio público marítimo-terrestre. La actuación no habilita ningún uso posterior del espacio y tiene como única finalidad la recuperación física del litoral.

Los informes técnicos que han sustentado la autorización ponen de manifiesto la conveniencia de actuar en este ámbito tanto por motivos de seguridad —debido al estado de deterioro de algunas estructuras en primera línea de costa— como para evitar procesos de degradación del litoral y posibles afecciones sobre el entorno inmediato.

En este sentido, la retirada de estos elementos permitirá recuperar el perfil natural de la costa y mejorar la integración paisajística de este tramo del litoral, además de reducir riesgos asociados a la presencia de construcciones obsoletas expuestas a la dinámica marina y a episodios de temporal.

Los ecologistas han recodado que una vez caducan o se extinguen las concesiones legales, los titulares tienen la obligación de retirar las instalaciones, y que las transformaciones que alteren el relevo natural o introduzcan elementos artificiales permanentes son ilegales.

Por ello, para la organización, renaturalizar estos espacios «no sólo es una cuestión ambiental», sino que es «recuperar espacio público». Además, han argumentado que la alteración del litoral acaba generando problemas graves de erosión y regresión.

Con todo, los ecologistas han reclamado la recuperación de los espacios públicos y que se garantice el cumplimiento estricto de la ley de costas.

«La demolición de Cala Oli es un buen precedente. Ahora es necesaria la coherencia, valentía política y voluntad real para avanzar hacia un litoral más natural, seguro y accesible para todo el mundo», han concluido.