Denuncian ante el Tribunal Constitucional la corrupción de la Consejería del ex juez de Podemos Yllanes

La trama de corrupción conocida como el caso Varadero que afecta a la Conselleria de Industria que preside el ex juez de Podemos Juan Pedro Yllanes, a su vez vicepresidente del Govern de la socialista Francina Armengol, ha sido elevada al Tribunal Constitucional. Los hechos denunciados afectan también al ahora portavoz y conseller de Turismo, Iago Negueruela, que en la anterior legislatura era responsable del departamento de Industria que ahora dirige Yllanes.

La empresa puntera en España del sector náutico Grupo Fabkina presentó el pasado viernes, 23 de septiembre, un recurso de ampara ante el Tribunal Constitucional ante las actuaciones del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma y de la propia Audiencia de Baleares por negarse a investigar un caso de corrupción. Como ha ido contando OKDIARIO, el caso Varadero consiste básicamente en la falsificación de un documento  público con la finalidad de beneficiar a determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que preside Armengol en perjuicio de otras siendo la principal perjudicada el Grupo Fabkina.

Diversos autos tanto el Juzgado número 7 como de la Audiencia han desestimado una de las querellas presentadas por el Grupo Fabkina, algo que los denunciantes atribuyen a un supuesto corporativismo entre jueces. Recordar que las querellas del Grupo Fabkina afectan a la Conselleria del ex juez Juan Pedro Yllanes.

El recurso de amparo ante el Constitucional se basa en que el Grupo Fabkina denunció la supuesta corrupción que entraña el caso Varadero ante la Justicia y ante la Oficina Anticorrupción de Baleares. Este organismo, al observar indicios de delito, remitió la denuncia y toda la documentación a la Justicia, un asunto que recayó en el Juzgado de Instrucción número 7.

El juzgado decidió no aceptar la denuncia de la Oficina Anticorrupción con el sorprendente argumento de que en la misma aparecían personas que anteriormente no figuraban en una querella inicial. Fabkina recurrió sin éxito ante la Audiencia el rechazo de la Oficina Anticorrupción y por ello ahora la parte denunciante ha presentado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Parlamento Europeo

Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo ha ordenado a la Comisión Europea iniciar una investigación preliminar al Govern balear  de Armengol por las presuntas irregularidades relacionadas con el caso Varadero. Fue en 2017 cuando la Comisión Europea recibió una primera denuncia por parte del Grupo Fabkina sobre las irregularidades que se cometían en el varadero del Puerto de Palma donde una serie de empresas afines al pacto de izquierda que gobierna en Baleares trabajaba incumpliendo la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

Las empresas que integran el lobby náutico se dedican preferentemente al mantenimiento, reparación y pintado de yates utilizando para ello una maquinaria y unas instalaciones, que según la denuncia presentada, incumplen la normativa europea sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

La Comisión Europea pidió al Ejecutivo balear, por medio del Gobierno de la nación, que informara sobre las presuntas irregularidades. La respuesta fue que se habían subsanado todas las deficiencias y que las máquinas que incumplían la normativa ya habían sido retiradas. En aquel momento el conseller responsable de Industria era Iago Negueruela, hoy portavoz del Govern y conseller de Turismo.

Hubo otra denuncia y una nueva intervención de la Comisión Europea y en este caso contra el actual vicepresidente del Govern, y ex juez, Juan Pedro Yllanes, de Podemos. Yllanes ratificó que en el varadero de Palma ya se cumplía con toda la normativa europea sobre industria y medio ambiente.

El Grupo Fabkina denunció entonces ante el Parlamento Europeo que el Govern había engañado a la Comisión y que en el varadero de Palma se seguían utilizando máquinas e instalaciones que incumplían la normativa.

Ahora el Parlamento Europeo, tras examinar la denuncia y la documentación presentada por el Grupo Fabkina, ha ordenado a la Comisión Europea reabrir la investigación sobre las presuntas irregularidades en el varadero de Palma.

Como ha ido contando OKDIARIO, el Grupo Fabkina denunció las irregularidades que cometían empresas del sector náutico que trabajan en el Varadero de Palma. El Govern abrió los correspondientes expedientes pero los archivó sin llegar a tramitarlos. Fue en este momento cuando el Grupo Fabkina acudió a los juzgados.

Lo que sucedió luego es que el Govern de Armengol falsificó en 2020 un documento público para frenar la investigación judicial a las empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas. Este documento falsificado sirvió también para archivar los expedientes que el propio Ejecutivo balear se vio obligado a abrir a las empresas náuticas tras recibir la denuncia por infracciones graves de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente, entre otras irregularidades.

Ahora se sabe que las empresas denunciadas no sólo fueron protegidas por el Govern de fuertes sanciones y de una investigación judicial, sino que además las estaba subvencionando dentro de su proyecto para promocionar en el exterior el sector náutico de Baleares.