La cúpula del PSOE en la empresa de limpieza de Palma quiere echar a un sindicalista de Vox por informar

La dirección del PSOE en la empresa de limpieza de Palma, quiere despedir a un representante sindical por informar a sus afiliados, y ha abierto expediente por una falta considerada muy grave, al líder del sindicato USTE, el más votado entre los empleados de la compañía municipal Emaya, pero no afín a su presidente, el concejal socialista Ramon Perpinyà.

Se da la circunstancia de que el expedientado es, a su vez, miembro del consejo de administración de esta compañía municipal en representación del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palma, y podría ser sancionado con una suspensión de empleo y sueldo de entre once y 60 días, contemplándose también su posible despido.

Según el expediente disciplinario que ya ha sido recurrido por el expedientado, el sindicalista habría revelado a sus afiliados a través de tres mensajes de voz de Whatsapp, el contenido de las negociaciones que estaban llevando a cabo dirección y representantes de los trabajadores, sobre las bases generales de procesos selectivos para las convocatorias de estabilización de empleo del área de calidad urbana, tal y como recoge la Ley 20/2021 de 28 de diciembre.

La dirección le acusa de «filtrar información a sus afiliados» sobre la marcha de las negociaciones, «y no haber mantenido la obligación de sigilo profesional respecto de cualquier información que tenga carácter reservado».

Un expediente disciplinario estrambótico de la dirección de la compañía presidida por el concejal socialista de Medio Ambiente, que fue contestado de forma contundente por el afectado en el pliego de descargo que acaba de presentar.

El sindicalista de Vox en cuestión, manifiesta su «completa sorpresa y estupor ante la apertura del presente expediente, dirigido contra mi actividad sindical ordinaria que no he dejado de desarrollar en los mismos exactos términos, que cualquier otro delegado sindical de nuestra empresa o de cualquier otro sector».

Por ello reconoce que «es completamente cierto que remití los audios que exponen a mis compañeros del sindicato en el grupo de Whatsapp que tenemos al efecto, conteniendo estos mis consideraciones y opiniones respecto a lo tratado en la citada reunión, para acordar con todos ellos, nuestro posicionamiento y el sentido de nuestro voto».

Pero advierte que «los anteriores hechos, no suponen nada más que la descripción del cumplimiento de mis obligaciones como representante sindical con el resto de los delegados y afiliados de mi sindicato. Sinceramente agradecería que me explicaran cómo puedo negociar una propuesta de la empresa, sin consultar a mis compañeros. Resulta patente que no he hecho nada diferente a lo que cualquier otro delegado sindical debe haber realizado con los demás integrantes de su sindicato».

Por todo ello, exige el archivo del expediente disciplinario porque, a su juicio, su apertura más bien obedece, a «una más de las actuaciones que contra nuestro sindicato se están llevando a cabo desde hace algunas semanas, como consecuencia de las últimas decisiones judiciales propiciadas por el sindicato que represento, y que han venido a amparar nuestras reivindicaciones».

«Mis opiniones expresadas en los audios que transcriben en su escrito», concluye, «se encuentran completamente amparadas en mi derecho a la libertad sindical y de expresión, sin que en ningún momento, haya faltado a la verdad en mis apreciaciones en ese contexto realizadas».