El Ayuntamiento socialista de Palma echa al barrendero que criticó el blindaje de altos cargos

Francisco José Castillo es un trabajador de la limpieza que, hasta ahora, trabajaba y prestaba sus servicios en la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) del Ayuntamiento de Palma y que ha sido despedido por criticar el blindaje en sus puestos de trabajo de media docena de directivos de una compañía presidida por el concejal socialista de Medio Ambiente, Ramon Perpinyà.

El comité de empresa, liderado por sindicatos afines a la dirección, ya ha recibido el comunicado de despido para que pueda presentar en un plazo de cinco días unas alegaciones que no presentará, mientras Castillo ya trabaja con el sindicato USTE en la demanda contra un despido adoptado como represalia por sus críticas a los directivos blindados.

Tras precisar que yo «soy el director general Grupo Periódico de Baleares pero no soy el director del Periódico de Baleares, se ve que la dirección de la empresa Emaya tiene unas normas y no permite que se le pueda criticar», lamenta Castillo. Las críticas al blindaje de los altos cargos se recogieron en artículo publicado en Periódico de Baleares.

«La libertad de expresión ni en Emaya ni en el Ayuntamiento de Palma está permitida, lo que me parece increíble, y pido la ayuda necesaria a todos los medios, dando las gracias a OKDIARIO por darme esta oportunidad para poderme expresar, y que me apoye en todo esto, porque hoy he sido yo, pero mañana puede ser otro», afirma este empleado municipal del Ayuntamiento de Palma.

Con el inminente recurso que interpondrá contra su despido, que aún no le ha sido comunicado, será la tercera denuncia que Castillo ponga contra Emaya y, hasta ahora, la Justicia le ha dado la razón.

Y es que como exponía en el pliego de descargos del expediente sancionador abierto por Emaya, no debe olvidarse que «el derecho fundamental a la libertad de expresión ampara la divulgación de opiniones críticas, cuya finalidad no es faltar al respeto sino exponer el desacuerdo con la gestión de una empresa pública y la concesión de beneficios injustificados a determinados cargos directivos con la finalidad de que el público, en general, tenga conocimiento de los hechos y se forme su propia opinión». Por ello «el ejercicio de un derecho fundamental nunca puede constituir una infracción».

El citado periódico digital se hizo eco de una información de OKDIARIO sobre el blindaje de media docena de altos cargos de Emaya, en la que se agregaba que «hace tiempo que el PSOE de Baleares se ha instalado en seguir los pasos de los anteriores gobiernos andaluces a los que se les ha conocido más por su corrupción que por sus logros», advirtiendo que «los trabajadores de Emaya que se juegan el próximo año con un examen su continuidad en la empresa no descartan movilizaciones, incluso escraches al alcalde José Hila y sus acólitos socios de gobierno, los directivos de Emaya y, por supuesto, a los cuatro sindicatos que son los perritos falderos que no sirven para nada».

Pero como apunta Castillo «no puede concluirse que fuese el autor del artículo, ni tuviera conocimiento del mismo con anterioridad a su publicación, por lo que no puede atribuírsele la autoría del mismo».