El Consell ordena el cierre de 10 pisos turísticos ilegales en Palma y multa con 80.000 euros a cada uno

El Consell ha ordenado el cierre de 10 pisos turísticos ilegales en Palma y multa de 80.000 euros a cada uno al dedicarse a esta actividad sin disponer de licencia alguna para ello.

Los inmuebles sancionados estaban en un mismo edificio de la capital balear según ha informado la institución insular. En concreto ha sido el área de sanciones del departamento de Turismo el que ha iniciado este procedimiento por infracción turística a los pisos que se ya comercializaban.

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por la actuación desarrollada por el servicio de inspección y de sanciones del departamento y ha recalcado que «la oferta ilegal, independientemente del sector en el que actúe, supone no solo una competencia desleal muy dañina para todos aquellos que hacen bien las cosas en la isla, que son la inmensa mayoría, sino un problema terrible para la convivencia, algo contra lo que quiere luchar y erradicar».

En este sentido, Rodríguez ha añadido que esta orden de cese de actividad, que viene acompañada por estas sanciones, es fruto de un largo trabajo en el seno del departamento, que ha «cumplido escrupulosamente con todos los procesos administrativos», y que ha permitido «tal y como marcan los plazos legales», actuar de esta manera.

En este sentido, a partir de ahora el departamento de Inspección será el encargado de comprobar que estos cierres sean ejecutados como marca el expediente y en el caso de que no fuera así, el departamento de Turismo estaría capacitado para poner el asunto en manos de la Fiscalía.

Cabe recordar que las sanciones que se proponen actualmente a quien realiza alquiler turístico ilegal en la isla son de 80.000 euros por cada inmueble detectado. La horquilla de multas por esta cuestión que marca la ley varía desde los 40.001 euros en su franja más baja, hasta los 400.000 euros en la máxima, y hasta ahora se estaban imponiendo por valor de 40.001 euros.

El objetivo es disuadir a estas personas para que cesen en su actividad, y de proteger a los residentes y garantizar la seguridad jurídica de toda la oferta legal en el sector turístico.

Hay que tener en cuenta que en el primer semestre del pasado año el Consell de Mallorca duplicó el número de inspecciones contra la oferta turística ilegal respecto a hace un año: 953 frente a 408 materializadas por el anterior gobierno insular de la socialista Catalina Cladera.

A ello hay que unir que se ha aumentado en un 50% el número de inspectores contra la oferta turística ilegal: de 20 han pasado a ser 30 con 12 nuevas incorporaciones en el servicio de instrucción de sanciones y otras cinco en el de ordenación.

Hace año y medio al comienzo de la legislatura había 20 inspectores y 3 personas tramitando expedientes en el área de sanciones, algo totalmente insuficiente, ya que el ratio era de un tramitador por cada siete inspectores. En estos momentos y con 27 nuevas personas incorporadas el departamento, el ratio es de un tramitador por cada dos inspectores, triplicando la capacidad actual de tramitación pasando 5 a 17 personas