El Ayuntamiento de Palma rechaza gastar nueve millones en el rescate de las 28 licencias de calesas

El Ayuntamiento de Palma rechaza gastar nueve millones en el rescate de las 28 licencias de calesas para su sustitución por vehículos eléctricos como han hecho municipios mallorquines como el de Alcúdia.

Se trata además de unos permisos que son vitalicios y hereditarios cuyo rescate económico costaría al erario público municipal en torno a 300.000 euros la unidad, precio que la propia portavoz del gobierno municipal del PP, Mercedes Celeste, califica de «muy elevado», descartando su rescate.

«Por lo tanto, que estas calesas tengan que evolucionar a otro sistema es más bien voluntario. Si hay interés de hacerlo, el Ayuntamiento lo apoyará, pero de ninguna manera nos planteamos recuperar estas licencias», ha dicho.

Además, la concejala ha asegurado que el Consistorio pondrá «todos los medios» para certificar que aquellos caleseros que no cumplan con la normativa sean sancionados y controlados, como ya se ha hecho en el pasado.

«Si tuviéramos que volver a llegar a esta situación, llegaríamos sin problema», ha afirmado.

La posibilidad rechazada de rescatar estas licencias ha salido de nuevo a la palestra informativa después de que dos caballos hayan sufrido sendos percances en el centro de la ciudad, cayendo sobre el pavimento cuando tiraban de una calesa.

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que realizará una revisión extraordinaria a los dos caballos este próximo viernes.

Según la información recopilada por el Consistorio, estos dos últimos desplomes se han producido en primera instancia debido a incidentes de tránsito.

No obstante, partidos animalistas Progreso en Verde y Pacma han criticado lo sucedido y han reclamado una vez más al Ayuntamiento que busque una alternativa a las calesas tiradas por caballos. De lo contrario, ha advertido Pacma, no descartan tomar medidas judiciales.

Progreso en Verde, además, ha exigido que se inmovilice al caballo hasta comprobar que está en condiciones de seguir prestando servicio y si se detecta alguna infracción se sancione como corresponde.

«Este caballo no puede volver a prestar servicio hasta que sea revisado por un veterinario. Hay muchos conductores de galeras que no saben reaccionar ante una caída de un caballo y esto hace más peligrosa la situación. Se pone en peligro al propio caballo y a los ciudadanos.

Hay que poner fin a la explotación y maltrato de los caballos», ha añadido Guillermo Amengual, presidente del partido animalista.

El portavoz también ha acusado al PP de «rendir pleitesía a los conductores de calesas y pasar por alto sus continuas infracciones».