Una asociación de profesores de Baleares denuncia la degradación de la calidad de la enseñanza pública

La asociación balear de docentes Plis Educación deplora en un comunicado el Real Decreto de estabilización de empleo temporal del personal docente del Gobierno de Pedro Sánchez, que privilegiará a los interinos de más antigüedad a acceder sin oposición, y sólo mediante concurso, a las plazas ocupadas temporalmente por interinos desde el uno de enero de 2016.

Según los criterio de baremación publicados, cuatro años y medio de experiencia valdrían más (3,15 puntos) que la formación académica (matrículas de honor, doctorados o trabajos de investigación), valorada con sólo 3 puntos.

Este criterio, si bien no anula la libre concurrencia porque en principio cualquier aspirante podrá presentarse a estas plazas vacantes, sí favorece sobremanera a los interinos de mayor antigüedad que naturalmente se harán con las plazas vacantes, en lo que puede calificarse de traje a medida.

Por otra parte, apuntan, no hay que perder de vista un dato fundamental: el formidable impacto que tendrá este proceso de estabilización en la plantilla docente de las Baleares ya que la oferta podría superar las 2.000 plazas vacantes. 

Para este colectivo se trata de una nueva vuelta de tuerca que abunda aún más en la degradación de la figura de profesor en la enseñanza pública, convertido cada vez más en un dinamizador o monitor de aula al que, ley tras ley, se priva de enseñar la disciplina que estudió, socavando así su autoridad basada fundamentalmente en sus conocimientos, sometido a las directrices ideológicas de políticos y directores, y convertidos en conejillos de Indias de la mano de los psicopedagogos, que no vacilan en utilizar las aulas para experimentar las teorías pedagógicas de última generación sin ninguna garantía de éxito.

Además, denuncian que la administración educativa balear lleva relajando los criterios para acceder a una plaza de funcionario en la enseñanza pública sin atender a las verdaderas necesidades de los alumnos y primando los intereses laborales de los interinos, los electorales de los políticos y de los sindicatos, cuyos afiliados en su mayoría, son interinos. Por ello advierten que esta situación desvanecerá la única ventaja competitiva que hasta hace poco distinguía la enseñanza pública frente a la privada y concertada: la excelencia que se le suponía a un funcionario por haber pasado una oposición.

Una excelencia que se ha visto mermada en los últimos años por varios factores, entre los que citan, la composición de los tribunales de los concursos-oposición, exclusivamente formados por funcionarios de Baleares; el requisito del catalán como barrera administrativa para excluir a los peninsulares; la asignación de plazas por Islas y no en una circunscripción balear, lo que ha propiciado un lógico descenso de nivel en las islas menores, o la continua rebaja de contenidos y de exigencia de las pruebas de oposición.

A estos factores, encaminados todos ellos a restar competitividad entre aspirantes y cuyas víctimas son una vez más los alumnos que sí merecen tener a los mejores profesores, se le suma ahora el privilegio de los interinos con más antigüedad de obtener aquellas plazas vacantes sin pasar por un examen de oposición, discriminando claramente al resto de aspirantes que carezcan de antigüedad.