Armengol no explica por qué tardó tres años en reclamar los 2,6 millones por el fraude de las mascarillas

La ex presidenta de Baleares y ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha hablado este martes por primera vez del caso Koldo para asegurar que los contratos del Ejecutivo balear que ella presidía con la empresa de Koldo García, investigado por el cobro de comisiones ilegales por la venta de material sanitario durante la pandemia, fueron legales. Armengol, sin embargo, no ha aclarado por qué tardó tres años en reclamar el dinero de las mascarillas fraudulentas que había recibido, una cantidad que al menos suma 2,6 millones de euros.

En declaraciones en el Congreso, antes de acudir a la reunión de la a la Mesa de la Cámara, Armengol ha señalado que compraría material sanitario «una y mil veces» si se repitiera una situación de emergencia como la que se generó con el Covid 19. «Fueron contratos de emergencia, pero legales y con los rigurosos controles del servicio de Salud», ha remarcado la presidenta del Congreso.

«Todo el mundo pasaba nombres para poder valorar si tenían ese material, nosotros los pasábamos al servicio de Salud, éste lo analizaba y contrataba. Y quiero decir que ese contrato tiene la fiscalización favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma», ha detallado.

Además, se ha declarado «indignadísima» por que a los gestores públicos se les ponga a la altura de quien se quiso «lucrar con la compra de material sanitario cuando estaban muriendo tantas personas», una actuación que considera «absolutamente reprochable». «Me da asco», ha enfatizado.

«En todo caso nosotros seríamos afectados», ha apostillado, recordando que el Gobierno balear abrió un expediente para reclamar 2,6 millones de euros a la empresa que les proporcionó las mascarillas cuando detectaron que no les habían servido exactamente las que habían solicitado.

Es cierto que el Govern de Armengol abrió un expediente para reclamar los 2,6 millones de las mascarillas fake pero lo hizo tres años después de saber que el distribuidor, la empresa vinculada al ayudante de Ábalos, había entregado un cargamento de 1,5 millones de mascarillas quirúrgicas en lugar de las mascarillas FFP2 contratadas, mucho más caras.

El Ejecutivo autonómico pagó 3,7 millones un cargamento de mascarillas FFP2 y la diferencia entre lo pagado y el valor de lo recibido son los 2,6 millones que no se reclamaron hasta el 6 de julio de 2023, no sólo cuando Armengol ya había perdido las elecciones, sino además, un día antes de que Marga Prohens tomara posesión como presidenta de Baleares.

El cargamento de 1,5 millones de mascarillas quirúrgicas no se distribuyó, sigue almacenado y más de un millón de ellas ya están caducadas.