Aragón honrará «a todas las víctimas ideológicas y del terrorismo» en su Plan de Concordia

Ya es una realidad el esperado y discutido Plan Concordia en Aragón. Pese a las presiones de Moncloa para paralizar las políticas de la comunidad autónoma en relación a la memoria democrática, la consejería de Presidencia, Cultura y Deporte, liderada por Tomasa Hernández, ha anunciado este miércoles el Plan para la Preservación de la Concordia. Con ello, el Ejecutivo de Aragón quiere honrar a «todas las víctimas ideológicas y del terrorismo».

De esta manera, el Gobierno de Aragón apuesta por un proceso de dignificación de todas las víctimas de nuestro periodo contemporáneo, al tiempo que logra con ello desideologizar la historia que hasta ahora imponía un relato único de buenos y malos, «a fin de hacer prevalecer los valores de la Transición y la Constitución Española», ha señalado la consejera.

El Plan de Concordia en Aragón evita especificar un periodo concreto histórico de actuación. Es decir, no hace referencia explícita ni a la II República, ni a la última guerra civil ni al Franquismo,  más allá de fijar como objetivo preservar el espíritu de nuestra carta magna, y especialmente en su artículo 10: «1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de  conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».

El Plan de Concordia de Aragón se sustentará en tres ejes. El primero de ellos, el de derechos constitucionales y valores democráticos: igualdad, libertad y diversidad ideológica. El segundo, en la dignidad de las víctimas, del tercero en la comprensión del pasado para la mejora del respecto y la convivencia entre libres e iguales.

El Plan de Concordia en Aragón y las fosas

El segundo de los ejes se centra, como decimos, en la dignidad de las víctimas de la violencia, y se desarrollará con siete objetivos específicos para propiciar la búsqueda, identificación, exhumación y documentación de todas las víctimas de violencia que se encuentran en fosas; promover medidas para la localización y registro de fosas en Aragón y colaborar en la actualización de la base de datos de ADN de víctimas ,entre otras actuaciones.

La consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, ha señalado los esfuerzos que, desde el Gobierno de Aragón, se llevarán a cabo para la «identificación» de las víctimas. «A diferencia de lo que pasaba en años anteriores, que ni se completaba los trabajos ni se ejecutaba todo el presupuesto, este Gobierno da un respaldo decidido a estas labores», ha añadido la portavoz del Ejecutivo autonómico y vicepresidenta segunda, Mar Vaquero. «No podemos borrar la historia», ha señalado.

Tal y como anunciaron meses atrás, el Gobierno de Aragón ha ampliado el presupuesto destinado a la identificación de las víctimas en las fosas en un 10%, hasta alcanzar los 110.000 euros.

Dicho presupuesto se destinará a ocho trabajo en la comunidad. La actualización del mapa de fosas comunes y exhumaciones (9.860 euros) y la elaboración de perfiles genéticos de familiares y víctimas (18.150 euros). Además, en Teruel, se procederán a la identificación de 15 víctimas en Iglesuela del Cid, ocho de ellos combatientes (con un total de (19.317 euros); en San Blas se procederá a la exhumación de 12 víctimas combatientes (15.000 euros); y en Singra se procederá al traslado de nichos, así como de la búsqueda de víctimas procedentes de Calamocha (30.250 euros).

Junto con ello, de manera coordinada con el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se llevarán a cabo diez actuaciones más en el territorio, como es la actualización del Banco de ADN. 

La derogación de la Ley de Memoria

La derogación de la Ley de Memoria Democrática era uno de los puntos recogidos en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, a diferencia de este Plan de Concordia, que ha sido impulsado desde la consejería de Presidencia, Cultura y Deportes, liderada por Tomasa Hernández. Así mismo, hay que subrayar que esta iniciativa aragonesa no tiene rango de ley.

Eso sí, este Plan para la Preservación de la Concordia está elaborado a contra corriente y superando las cortapisas que llegan desde Moncloa, pues desde que las Cortes de Aragón aprobaron la derogación de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno de Pedro Sánchez está intentando evitar que Aragón (junto con Valencia y Castilla y León) sigan legislando sobre el asunto.

Hay que recordar que a mitad de junio, Sánchez logró suspender cautelarmente la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón al interponer en mayo un recurso ante el Tribunal Constitucional, y haberlo admitido a trámite.

La suspensión automática y temporal de la derogación de la Ley de Memoria Democrática se produce al haber invocado el Gobierno de Sánchez el artículo 161.2 de la Constitución, el que se contempla que «el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses».

Desde el Ejecutivo de Azcón siguen defendiendo la derogación de la ley, que cuentó con el aval de los informes favorables del Consejo Consultivo de Aragón y de los letrados de las Cortes de Aragón.

El Consejo Consultivo expone que la derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón, «se ajusta a un amplio margen de opciones de política legislativa, dentro del marco constitucional, y prueba de ello es que no todas las comunidades autónomas tienen una ley de memoria democrática».

Una opinión que contrarresta claramente al informe de los relatores de la ONU, que desató la discordia entre Aragón y Moncloa, precisamente porque la propia ONU no contrastó la información aportada por el Ejecutivo de Sánchez con las propias comunidades autónomas apeladas. Máxime cuando se ha descubierto recientemente que el Gobierno de España donó 10.000 euros a Morris Tibdall-Binz, uno de los relatores expertos que se opusieron a las leyes de PP y Vox.